Este día se cumplen 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México existe la jurisprudencia bajo la cual se establece que el consumo de drogas, en particular de cannabis, es parte de nuestro derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, algo que nos pertenece a todos y ninguna autoridad puede arrebatar.
En México, por el momento sólo aplica a la marihuana, dado que por vía del autocultivo, es posible acceder a ella sin afectar a terceros. En caso de la cocaína, el MDMA, el LSD u otras, es un poco más complicado pues es prácticamente imposible que todos los usuarios produzcan estas drogas para sí mismos.
Así es como tenemos un derecho, pero para ejercerlo debemos recurrir a la ilegalidad (dado que el cultivo de la planta es un delito) o al crimen del mercado negro, además de vulnerar otro de nuestros derechos: la salud. Recordemos que muchas de estas substancias las venden adulteradas y sin garantías de que sean aptas para uso humano.
Así mismo, se ha señalado en este sentido que castigar a quienes usan cannabis por el mero hecho de usar, portar o cultivar cannabis, es también una violación a los derechos de los usuarios. Otras instancias gubernamentales se han unido al posicionamiento de la Corte, tal es el caso de la Comisión local de Derechos Humanos en la CDMX. En marzo de 2019, llamó a las autoridades locales y federales a que realicen las “modificaciones legales correspondientes” para lograr el respeto de un derecho personal como lo es el consumo de marihuana en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.
También señaló que el estado actual de la legislación crea escenarios ambiguos que favorecen abusos de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Por ejemplo: “la exposición a otros riesgos fácticos en la interacción con autoridades informales que dan pie a violaciones concatenadas a los derechos humanos, en especial, de jóvenes”. Por ello fijó su postura por una regulación que de certeza legal a las personas.
Y si bien la regulación del cannabis fue impulsada desde la lucha de los derechos, la plena garantía de los mismos ha faltado en la propuesta de regulación aprobada por el Senado. Particularmente al permanecer los delitos de posesión y uso de marihuana, puesto que la propuesta de Ley solo eleva la cantidad que una persona puede cargar sin que el juez necesite ejecutar la acción penal (ósea, el castigo por el delito de posesión).
En ese sentido, los derechos de los usuarios continúan vulnerados al persistir la posibilidad de ser extorsionados por parte de las policías, quienes fácilmente podrán agregar la cantidad de marihuana faltante para que se exceda la cantidad permitida, como ocurre ya con el límite de 5 gramos. Lo mismo se ha dicho de las estrictas restricciones al cultivo personal, mismas que son contrarias al criterio usado por la Suprema Corte, y bajo el cual no debería existir límite alguno siempre y cuando las plantas sean para uso personal.
Leer: 6 plantas de marihuana por persona aprueba el pleno del Senado de México
Tal vez sea que el derecho más difícil de reconocer por parte de algunos legisladores sea el derecho a la dignidad de los marihuanos. Pues desde la óptica de ‘mejor prevenir que lamentar’ es que se han constituido estos límites. Como lo señaló Damian Zepeda, senador de la bancada del PAN, cualquier persona con más de 28 gramos de flor seguramente pretende vender la misma. El senador está asumiendo que en todos los usuarios existe el potencial de un delincuente, lo cual es ampliamente discriminatorio y una vulneración a los derechos de igualdad y dignidad.
Es así que, aún cuando los derechos están al centro del avance social y legislativo, se pierden de vista entre miedos y prejuicios. En una sociedad tradicionalmente conservadora, esto es aprovechado para satisfacer todo tipo de intereses políticos, a costa de la seguridad de todos los mexicanos. Pues aunque somos los usuarios quienes sufren de primera mano la extorsión y persecución de la policía, es en detrimento de la seguridad pública en general, pues el policía está ocupado con resolver delitos no violentos, en lugar de ocupar mejor el tiempo (pagado con el dinero de los contribuyentes) en labores de mayor provecho para el resto de la sociedad.
Por ello, es que en México no es posible asegurar que los derechos humanos son reconocidos con plenitud hasta que el cannabis libre sea una realidad, sin restricciones al uso personal sin fines de comercio, y sin estigmas ni discriminación a los usuarios.