El 4/20 pasó y los pachecos lo vivimos en casa y sin poder compartir las actividades masivas que esperábamos apenas unas semanas antes; eso sí, disfrutando programas de radio de diversos colectivos cannábicos y una gran cantidad de actividades en redes sociales digitales. Como dijo el sabio Anónimo: No hay peor mota que la que no hay.

La 4T continúa renuente a reconocer los derechos de los usuarios de mariguana. Y bajo  excusa del Covid-19 el Senado pidió a la SCJN un nuevo plazo para regular la  mariguana, el cual vencerá en diciembre de 2020. Así, el Senado mantiene excluidos a los usuarios de mariguana de sus derechos constitucionales, lo cual es celebrado por los grupos delictivos que trafican y los policías que nos extorsionan. 

Como para dejar claro de qué lado están en el tema de las drogas, el mismo 20 de abril, el Senado aprobó una ley de amnistía que incluye presos por diversos delitos contra la salud y, según ellos, para consumidores presos que fueron detenidos en posesión de drogas hasta en dos tantos por encima de “la dosis máxima de consumo personal”. Sin embargo, los usuarios de mariguana sabemos que somos detenidos para ser extorsionados, antes que para ser llevados presos, por lo que la amnistía parece más en sintonía con los derechos de delincuentes antes que con los derechos de usuarios de mariguana. En otras palabras, la política del Senado sobre drogas ilícitas en general, y sobre mariguana en particular, se puede resumir en 4 palabras: Traficantes sí, usuarios No.

Así la política respecto a los usuarios de mariguana en tiempo de pandemia, pero ¿qué pasa con los usuarios de otras drogas? Con la aparición del Covid19 y las políticas implementadas para su contención, de nuevo se ha puesto en evidencia la discriminación hacia los usuarios, así como la continuidad de la política de prevención basada en el miedo y de tratamiento basado en el olvido.

Las estadísticas oficiales de personas con síntomas graves y defunciones por Covid19 muestran mayores riesgos para personas mayores de 65 años y/o con comorbilidades tales como hipertensión, diabetes y tabaquismo. Por esta razón, prácticamente todas las instituciones públicas mexicanas han enviado a casa a sus trabajadores adultos mayores y que padecen distintas enfermedades, o incluso otras situaciones de riesgo como embarazos, pero no a quienes padecen tabaquismo; ¿por qué esta discriminación? No queda claro. Si bien el tabaquismo se origina en el hábito de fumar tabaco (mal hábito dirán algunos), buena parte de los casos de diabetes e hipertensión también se originan en malos hábitos de consumo ¿o no? 

También desconcertó que el titular de la CONADIC (Comisión Nacional contra las Adicciones), el Dr Gady Zabicky, con base en el argumento de mayores riesgos en caso de contagio, pidiese a los usuarios de drogas aprovechar la cuarentena para convertir el agua en vino la y dejar de consumir. Desconcertó porque omite que los efectos del síndrome de abstinencia o malilla -especialmente por dependencia al cristal y heroína-, difícilmente se superan con solo voluntad y apoyo vía telefónica. Pero también porque los usuarios de drogas somos la única población ”en riesgo” a la que se ha pedido en cadena nacional dejar nuestros hábitos de consumo por tales riesgos. ¿Por qué la diferencia respecto al resto de la población, incluso la que está “en riesgo”? Pareciera discriminación, especialmente cuando la recomendación no se hace con base en evidencia científica sino en el sentido común, según lo dicho por el comisionado Zabicky en la conferencia vespertina por Covid19 del 10 de abril.

Más allá de discursos, la Conadic brilla por su ausencia. Las poblaciones de usuarios con más dificultades son las que viven en condición de calle, no solo por su consumo sino por la dificultad de acceder a servicios de salud profesionales. Una de estas es la población de Usuarios de Drogas Inyectables (UDIs), que suele no tener acceso a servicios de salud si no es por las organizaciones sociales que trabajan con el modelo de reducción de daños. Estas organizaciones, congregadas en la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) publicaron el 7 de abril un Pronunciamiento frente al abandono por parte del Estado de las personas con uso problemático de drogas en el marco de la pandemia COVID19, pero tanto la Secretaría de Salud, como la Conadic han guardado silencio.

Said Slim, responsable del programa de reducción de daños de Verter Social, organización radicada en Mexicali, en entrevista para La Dosis, comentó que en las ciudades fronterizas los usuarios de drogas inyectables (UDIs) se cuentan por miles y no hay jeringuillas suficientes, por lo que muchos las comparten y, con ellas, comparten virus como el VIH, el VHB y ahora el  COVID-19. 

Agregó que muchos UDIs ya saben de la enfermedad y usan cubrebocas, pero la mayoría continúa afuera de las tiendas abriendo las puertas o haciendo favores a cambio de unas monedas, además de que muchos tampoco tienen casa donde quedarse. Said mencionó que los inyectores han usado el coronavirus a modo de protección contra las arbitrariedades policíacas, y en caso de ver venir una patrulla tosen para que no los detengan y anexen de forma involuntaria. Algo positivo les trajo.

En la Ciudad de México, el IAPA (Instituto para la Atención y Prevención de   las Adicciones) publicó un comunicado con Medidas Preventivas para los CAA (Centros de Atención de Adicciones). Entres las medidas, además de las generales sobre sanidad individual y buen aprovechamiento de los recursos, el IAPA pide a los centros:

  • Reportar a las autoridades de salud competentes, sí lo usuarios presentan síntomas respiratorios para que sean evaluados y evitar las transmisión. 

  • En relación a la visita de los familiares se sugiere disminuir el flujo de estos con la finalidad de evitar contagio y propagación. 

Estas medidas para los CAA son adecuadas pero insuficientes, pues si bien la mayor parte de los internos con uso problemático de drogas son jóvenes con bajo riesgo de tener síntomas de gravedad por Covid, no es lo mismo con internos por uso problemático de alcohol, muchos de los cuales rebasan los 50 y 60 años; condición que debería ser considerada por quienes dirigen los centros, y las autoridades, para tomar medidas preventivas, tales como suspender tratamientos en internamiento de pacientes con comorbilidad. Las autoridades también deberían dirigir campañas a familiares de usuarios para que reflexionen sobre la necesidad de mantener internados a sus parientes durante esta crisis sanitaria.

Ante este panorama, no parece absurda la pregunta ¿tenemos derechos los usuarios de drogas? Pues aunque es claro que tenemos derechos como personas, otra cosa es que las instituciones mexicanas hagan algo por hacerlos valer, siquiera por respetarlos. Habrá que seguir forjando… 

 

Clavado en la textura es la 

Columna de Opinión del 

Dr Cannabis