El lunes pasado (29 de mayo) se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), la cual conjunta las tareas de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y los Servicios de Atención Psiquiátrica.
Este decreto cuenta con 7 artículos, en el segundo de los cuales se menciona el objeto de la Conasama “hacer efectivo el derecho a la prevención, control y atención de la salud mental y adicciones a la población mexicana, por medio de un modelo comunitario con enfoque de atención primaria”.
Si bien no se puede saber cómo se llevará a la práctica esta ley, debe concederse el beneficio de la duda sobre que el enfoque en atención primaria pueda funcionar para que los usuarios no desarrollen cuadros de dependencia; especialmente si se considera que la mayoría de los usuarios de drogas tarda años en pedir ayuda y que un acercamiento temprano puede ayudar a diagnosticar y tratar la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, que casi siempre se encuentran presentes en los usuarios que reciben tratamiento en centros de internamiento.
Sin embargo, habrá que observar que no se dediquen a solo “empastillar” a los pacientes tal como hacen hasta ahora con miles de adultos mayores, considerando que este es el origen de la crisis de consumo de opioides que sufre actualmente el vecino del norte.
Vuelven a ganar los “anexos”
Destaca en el decreto la ausencia de mención de los centros que ofrecen servicios de internamiento, ya que son los que dan tratamiento a la mayoría de personas con consumo problemático y dependencia, y porque son los que cuentan con mayor cantidad de centros distribuidos muchas comunidades del país, a diferencia de los servicios psiquiátricos concentrados en las ciudades más pobladas
Pero además porque son los centros donde más se reproduce la violencia contra los usuarios de drogas, e incluso algunos funcionan para reclutar personas para el crimen organizado.
En este sentido, lo más que se podría esperar es que sancionen a éstos centros después de haber hecho algün daño que se haya salido de control a través de su atribución XXII: "Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios", pero nada de supervisión y vigilancia que suponga la prevención de homicidios y masacres que suceden en los anexos y ante las cuales suelen actuar solo después de hacerse públicas a través de los medios de comunicación.
En síntesis, ante la ausencia de la supervisión y vigilancia de éstos centros en las atribuciones de la nueva institución responsable de la salud de los usuarios de drogas, parece ser que el Estado se vuelve a postrar ante los "anexos".