Con abril se acabó el periodo ordinario de sesiones en las cámaras legislativas y, con este, la tercera prórroga para legislar sobre la mariguana; específicamente sobre los artículos declarados inconstitucionales por la suprema corte en 2015.

La imposibilidad de alcanzar un acuerdo por parte de las distintas facciones de Morena, sea por la  poca empatía con los derechos ciudadanos o por temor a perder aliados políticos, fortalece los beneficios que traficantes y policías corruptos obtienen del mercado ilegal.

Pese a ello, como reacción de los usuarios ante la interminable discusión legislativa, se han multiplicado los colectivos cannábicos que organizan actividades en cada más ciudades del país; ejemplo de ello es la gran cantidad de manifestaciones realizadas el pasado 4/20, aún y con los riesgos de contagio por Covid19.

Paralelamente, comerciantes de distintos productos cannábicos se han acercado a estas manifestaciones para aprovechar que cientos o miles de usuarios se congregan a consumir. Desde los clásicos vendedores de parafernalia (papeles, pipas, encendedores, etc.) hasta, cada vez más, los vendedores de derivados de la planta, flores y comestibles, o productos artesanales con fines terapéuticos.

La presencia de los comerciantes -especialmente los ilegales-, aunque suele ser paralela a los organizadores de la manifestación política, es utilizada por medios de comunicación y políticos para desprestigiar el activismo de los usuarios y presionar a las autoridades para reprimir las manifestaciones promariguana por supuestas relaciones con el comercio.

De esta forma, la presión sobre las manifestaciones se ha acentuado en la temporada electoral, reapareciendo la estigmatización de los usuarios y aumentando el acoso de distintas agencias del gobierno. Por ejemplo, en la ciudad de México, el plantón establecido en la glorieta de Chilpancingo a finales del año anterior fue desalojado por el gobierno local apenas iniciaron las campañas; coincidentemente, días antes la asociación de colonos se había quejado en una carta pública del consumo que realizaban, pero usando como evidencia una grabación de un supuesto comerciante diciendo que ahí era una zona de tolerancia al comercio acordada con la autoridad.

Más allá del sesgo informativo de algunos medios de comunicación, varias notas han mostrado cómo se comercia mariguana en algunas manifestaciones sin que las autoridades responsables actúen de manera eficiente. Por el contrario, las autoridades parecieran perseguir a usuarios antes que a comerciantes, como se demuestra en el análisis publicado en esta edición. 

En este escenario de cosas, el activismo debe ser muy cauto, ya que se enfrenta a un triple acoso: el asedio de los comerciantes hacia los usuarios que convocan a manifestarse, la desinformación proveniente de algunos medios de comunicación y políticos, y el asedio de las autoridades acentuado por la temporada electoral.

No está de más decir que conviene al activismo mantenerse al margen del comercio ilegal que se realiza paralelamente a las manifestaciones políticas. Si bien no es responsabilidad de los activistas contener el mercado de mariguana, sería erróneo pensar que se pueden alcanzar acuerdos con actores ilegales, pues no existen mecanismos para hacerlos valer.

Finalmente, es importante reconocer que el activismo se reinventa y, pese a la incapacidad legislativa, la desinformación mediática y el acoso de las autoridades hacia las manifestaciones, los pachecos continúan ganando espacios donde ejercer sus derechos con base en la organización colectiva; la cual también ha resultado ser una herramienta útil para contener el abuso de las autoridades cuando se ocupan estos espacios. Ahora, contra el estigma acentuado por las campañas electorales, será importante mantener los espacios ganados.