El pasado domingo los colombianos votaron por Gustavo Petro para presidente por los próximos 4 años. Su triunfo se presenta como el primero de una fuerza política de izquierda en el país andino y abre la expectativa sobre un cambio de rumbo en la política en general, y en la políticas de drogas en particular; lo cual es de interés para México, dado que son los dos países más afectados por la prohibición global de las drogas.
El programa de gobierno 2022-2026 presentado por el Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francisca Márquez incluye las propuestas relativas a drogas en el apartado 5.3, Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales. Ahí se menciona que la guerra contra las drogas fue impuesta a Colombia y se plantea que “el país necesita avanzar hacia un nuevo paradigma”, por lo que propone acciones con perspectivas no prohibicionista dirigidas a distintos sectores de la población.
En relación a los consumidores, el programa incluye la regulación y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. En el tema de la regulación se señala que “la producción y derivados del cannabis contará con un marco legal que privilegie los permisos”, y se prevé que la comercialización garantizará "una distribución segura para el consumidor”. Y en cuanto al consumo como tema salud pública proponen implementar “una política de educación, prevención, tratamiento y atención de las personas con consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de reducción de riesgo y daño. Se pasará de la criminalización del consumo, al manejo como asunto de salud pública en el marco de lo cual se extenderán a todo el país, entre otras, estrategias como la de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes- CAMAD ejecutadas en la Bogotá Humana". En síntesis, el programa de gobierno presenta a los consumidores como clientes o como enfermos, no como sujetos de derechos.
En cuanto a los cultivadores, el programa señala que impulsará "la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores y la protección de la naturaleza”. En cuanto a dicha transformación explícita "impulsaremos la sustitución de tierras y de economías para que las poblaciones rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva… y se beneficien complementariamente de la regulación participando como propietarios de los nuevos encadenamientos productivos”, y prevé el acompañamiento técnico a familias productoras para que participen como pequeños propietarios o cooperativas de productores. Como prueba del compromiso ecológico se enfatiza “prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato”, un producto químico altamente tóxico cuyo uso contra los cultivos de cocaína ha provocado graves daños a la salud de múltiples comunidades.
En cuanto a políticas de cannabis dirigidas a empresas y academia, el programa señala que: se impulsará la regulación de las plantas y sus usos derivados; se investigarán los usos benéficos del cannabis y la hoja de coca, "impulsando un importante sector productivo que involucre al Estado, el sector privado y las formas cooperativas y comunitarias", se potenciará el desarrollo de la agroindustria cannábica y se abrirá el comercio internacional para productos derivados -medicinales, alimenticios y textiles.
Finalmente, en cuanto a los convenios internacionales sobre drogas y su tráfico internacional, el programa propone eliminar la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína como mecanismo de estabilización y buscar que los esfuerzos de la cooperación internacional que se destinan a financiar la guerra antidrogas, se reorienten a financiar políticas y programas de transformación económica en las regiones más afectadas por la política prohibicionista.
Hasta aquí las propuestas en política de drogas descritas en el programa de gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidente Francia Márquez. Ya veremos si durante el ejercicio de gobierno las políticas de drogas tienden más a las realizadas durante el gobierno del expresidente Pepe Mujica -otro exguerrillero, cuando se reguló el cultivo y acceso a la mariguana en Uruguay, o, por el contrario, a las del Presidente López Obrador, quien no ha hecho cambios importantes en la política de drogas en México.