El día domingo (24 de julio) se llevó a cabo otra masacre en un centro de rehabilitación para consumidores de drogas, o anexo como se conoce popularmente. Esta ocurrió en la zona conurbada de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y cobró la vida de 7 personas, entre ellas una mujer.
La masacre ocurrió a las 23:05 en el centro llamado Cerco de vida, ubicado en una finca en la colonia Cofradía del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hasta donde llegó un comando de hombres encapuchados portando armas largas y disparando a quienes se encontraban al interior de las instalaciones, según dijeron los sobrevivientes.
Cuando llegaron las autoridades encontraron 6 personas muertas, 5 hombres -3 entre 29 y 30 años de edad y 2 entre 56 y 61- y 1 mujer -entre 18 y 23 años-, según un comunicado de la fiscalía estatal, mientras que 1 persona más murió en el hospital.
Además de los 7 decesos, vecinos del lugar dijeron a TV Azteca que los encapuchados se llevaron a más de 20 internos en las camionetas en que llegaron. Al momento no se conocen las identidades de fallecidos, dada la permisividad de los gobiernos hacia este tipo de centros donde no hay un registro de los internos, y que son usados cada vez más frecuentemente por el crimen organizado para reclutar u ocultar a sus miembros.
En sintonía con la permisividad gubernamental, era esperable que las autoridades salieran a decir que no sabían nada de ese centro, tal como ya hizo el gobierno municipal; según nota de Notisistema, el Consejo Municipal contra las adicciones de Tlaquepaque señaló que no tiene empadronado ningún centro con ese nombre, mientras que la Dirección de reglamentos, Inspección y Vigilancia señaló que no encontró registro en el padrón municipal de licencias de que el lugar operara como centro de rehabilitación. Pretexto similar a los dados en otras ocasiones por la Conadic y la CNDH, para justificar su negligencia de cumplir con el derecho a la salud de los usuarios de drogas.
Conadic y la estrategia de la avestruz
Esta nueva masacre se suma a las ocurridas en Irapuato en 2020 donde hubo 28 muertos, y a las habidas en Chihuahua y Coahuila durante el sexenio de Calderón con más de 10 muertos en cada una; sexenio en que el comisionado de la conadic discriminaba a los usuarios de mariguana diciendo que se convertían en zombies.
Ya desde esos años el colectivo por una política hacia las drogas, en el documento Abusos en centros de tratamiento para usuarios de drogas, propuso que se identificaran todos los centros de rehabilitación y se entrevístase a los usuarios para reconocer aquellos en los que no hay buenas prácticas de tratamiento. Sin embargo, las autoridades han preferido la inacción y, cuando suceden las masacres, justificarse diciendo que los centros no estaban registrados; como si, de algún modo, pensaran que quienes realizan actividades ilícitas van a acudir a pedirles permiso.
Lógicamente, al no ofrecer alternativas reales de tratamiento público a los usuarios que tienen problema de consumo, las familias de menos recursos no tienen otra opción que los llamados anexos; e incluso las de más recursos económicos, como ha contado Julio César Chávez en diversas entrevistas donde le han preguntado sobre su consumo problemático de drogas.
Más allá de la negligencia de la conadic para establecer una política de servicios de salud para usuarios de drogas acorde a las necesidades del país y con respeto a sus derechos humanos, no puede dejarse de señalar que las masacres en anexos son un síntoma de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada. Esto implicaría que el CJNG, considerado el grupo delictivo más violento por instituciones oficiales de Estados Unidos y México, está siendo confrontado en el mismo estado de Jalisco por algún grupo rival, ya sea porque el grupo rival atacase el anexo o porque usaba el centro para reclutar u ocultar a sus huestes y fue atacado por el CJNG.
Ya veremos si las investigaciones arrojan algún resultado o si solo se da carpetazo por tratarse de usuarios de drogas… Pero es probable que, a causa de esta pugna entre grupos delictivos y la negligencia de las autoridades de salud, ocurra otra masacre -u otro secuestro grupal- en algún otro anexo que será declarado como no registrado.