El pasado mes de julio, las organizaciones civiles Elementa DDHH y ReverdeSer Colectivo lanzaron una campaña digital conjunta para promover una encuesta sobre narcomenudeo (#EncuestaNarcomenudeo). Ambas organizaciones tienen como causa la defensa de los derechos humanos, y sin duda sus intenciones en materia de drogas son dignas de simpatía. Sin embargo, el análisis que presentan sobre el marco jurídico que contamos para ellas, así como sus datos y conclusiones, no solo son muy discutibles, sino que estigmatizan a los usuarios de drogas.
Contrariamente a lo dicho en su slogan de presentación: ‘Necesitamos datos más claros, más honestos y más adecuados’, la campaña presenta información sesgada, e interpretaciones que estigmatizan a los usuarios de drogas de México.
La campaña incluye videos, uno de los cuales inicia con una interpretación más que dudosa de la ley: “En 2009 se despenalizó el uso personal de drogas en México” (Imagen 1).
Esta frase es incorrecta porque la reforma de la Ley General de Salud (LGS) del 2009 (que agrega el capítulo VII ‘Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo’ al Título Décimo octavo ‘Medidas de Seguridad Sanciones y Delitos’) si bien no menciona sanciones por consumo, tampoco despenaliza el uso. Despenalizar refiere “una situación donde se mantiene el status del delito como tal pero se relaja la sanción prevista por la ley penal” (CDHDF, 2014). Conviene advertir que antes del 2009 tampoco había sanciones por uso en la LGS, por lo que la reforma no pudo haberlas relajado.
La frase, además, es desafortunada porque puede exponer a los usuarios a problemas con las autoridades si usan drogas públicamente pensando que no serán penalizados. Y es que el uso de mariguana en lugares públicos es sancionado por la Ley de Cultura Cívica -en el caso de la Ciudad de México- por lo que podrían ser detenidos y sancionados por su consumo o incluso por posesión de drogas -acto sine qua non para el consumo-. Además, el riesgo se eleva sustancialemente, dado que es común que detenciones legales por consumo se conviertan en abusos policiales que pueden incluir tortura y “sembrado” de droga, entre otros.
Más allá de la mala interpretación de la ley, estas organizaciones presentan datos falsos respecto a las personas presas por posesión de drogas. Una de las imágenes de la campaña presenta un número exorbitante de presos “sentenciados por posesión de narcóticos”: 135,190 (Imagen 2).
Pero si se echa un vistazo a los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 encontramos que “al cierre de 2018, 176 mil 819 personas se encontraban privadas de la libertad en centros penitenciarios y 1 mil 587 en centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes”, de las cuales, 5.9% lo estaban por narcomenudeo (figura 3).
Es decir, para 2018 había 10,526 personas privadas de la libertad por narcomenudeo, cifra muy inferior a la de “135,190 personas en prisión... sentenciados por posesión de narcóticos”, publicada por Elementa DDHH y ReverdeSer Colectivo. Y eso, sin considerar que la modalidad de narcomenudeo, además de la posesión -simple y con fines de comercio-, también tipifica el comercio y el suministro de ciertas cantidades de drogas.
Una nota de Sinembargo, Cárceles mexicanas reducen su población, son 57 mil 254 presos menos que hace cuatro años, en referencia al número de presos señala que “en 2018 el registro fue de 197 mil 988”, con base en datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. A diferencia del dato publicado por el Inegi, este último incluye a las personas presas en cárceles federales; pero ni agregando todos los presos federales se alcanzaría la cifra de 135 mil “sentenciados por posesión de narcóticos”.
Por otro lado, considerando el porcentaje de presos sentenciados: 65.4%, según el Inegi (imagen 3), el número de presos sentenciados -sin importar el delito- era de 116,678 para 2018, cifra que también es menor a la publicada por Elementa DDHH y ReverdeSer Colectivo. ¿De dónde sacan sus cifras estas organizaciones? No es claro. Si bien señalan al inegi como fuente, no mencionan ningún documento específico, y sus cifras no se parecen a ninguna publicada por esta u otra institución pública. ¿Simple desconocimiento de la realidad mexicana?
Más allá de la aparente falta de rigor para publicar datos estadísticos, es inaceptable la discriminación que fundan en tales “datos”. En el mismo post (imagen 2) se lee “la información pública disponible… no está desagregada de tal forma que se pueda identificar a las personas condenadas por consumo de drogas bajo categorías más específicas”; esto es, para estas organizaciones hay personas presas ¡¡condenadas por consumo de drogas!! ¿cómo pasaron de presos condenados por posesión de narcóticos a presos condenados por consumo de drogas? No lo explican. Pero si, como escribimos párrafos arriba, los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo no mencionan penas por consumo ¿cómo puede haber personas condenadas por consumo?
Más allá de lo falso, este argumento es estigmatizante para los usuarios de drogas. Y es que ¿quiénes consumen si no son los usuarios? Por ello, el argumento induce a pensar que las personas condenadas por consumo son personas usuarias de drogas, lo que nos implica directamente como parte de los presos “por posesión de narcóticos”, los cuales son 130 mil según dichas organizaciones. De esa manera, al presentarnos como parte de los presos por posesión, esta campaña estigmatiza a los usuarios de drogas como presos. Y es que si bien es sabido que en las cárceles abundan los usuarios de mariguana, esto no significa que tales usuarios estén presos por consumo.
No es la primera ocasión que se discrimina a los usuarios de drogas con estigmas de que estamos o hemos estado presos por miles; de hecho, es común que este estigma lo reproduzcan organizaciones sociales y académicas, así como políticos. Una de estas expresiones la encontramos en la actual secretaria de Gobernación Olga Sanchez Cordero, quien en una reunión de la revista Forbes en 2018 señaló que la propuesta de amnistía del nuevo gobierno iba dirigida, entre otras poblaciones, a “100 mil jóvenes presos por posesión de mariguana”; a los pocos días, el ahora canciller, Marcelo Ebrard tuvo que salir a enmendarle la plana.
Además, también es común la discriminación que equipara posesión simple con simple usuario. Si bien pudiera haber usuarios presos por posesión simple, esto no es común; lo común es que los usuarios detenidos, de forma legal o arbitraria, seamos extorsionados o, en caso de ser procesados, accedamos a una multa o fianza para no ir presos. Por otra parte, también es común que los comerciantes de drogas al menudeo -narcomenudistas- sean procesados por posesión simple, ante las dificultades de la autoridad de probar el comercio y lo fácil que es probar la posesión.
En términos de políticas, estos estigmas han servido para establecer políticas dirigidas a ayudar a presuntos delincuentes presos por delitos de drogas, pero que justifican con el argumento estigmatizante de que los presos por posesión simple somos simples usuarios. En este sentido, un ejemplo lo encontramos en la Ley Nacional de Aplicación Penal promulgada en 2015, en un análisis realizado por la organización México Unido Contra la Delincuencia se muestra que la iniciativa para liberar presos por posesión simple de cannabis resultó en 488 personas liberadas entre 2016 y 2019, 328 en Morelos y 112 en Michoacan (90%), casi todos en dos estados relacionados con grupos de traficantes, antes que con mercados locales de importancia.
Si bien el análisis hace ver que esperarían más liberados ya que, con base en un documento del Centro de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD), señalan que en México “para 2014, de las personas encarceladas, 41% estaban por delitos relacionados con drogas; de ellas, en 75% de los casos, las personas fueron encarceladas por el consumo o posesión de drogas”, lo cual como ya vimos no es posible con base en las leyes vigentes. ¿Acaso presentaron alguna sentencia de cárcel por consumo? No, pues solo es un estigma. La relación usuarios-presos en México es un estigma que organizaciones como Elementa ddhh y ReverdeSer Colectivo siguen reproduciendo.
Finalmente, si bien es importante reconocer que las penas a los traficantes minoristas es desproporcionada, esto no justifica que los presenten como usuarios de drogas para darles beneficios. Pero además, este tipo de estigmas llevados al plano de la política solo han servido para desviar la mirada sobre los problemas que padecemos la mayoría de usuarios, cuando menos de mariguana: la persecución por consumo público, la extorsión y las detenciones arbitrarias.