La Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos (MAPS, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado de prensa que inició una demanda contra la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y al Fiscal General William Bar, por obstaculizar la investigación científica rigurosa con cannabis.
Allen Hopper, uno de los abogados a cargo explicó que: “Con esta acción legal simplemente pedimos a la DEA y al Fiscal que sigan la Ley al terminar esta obstrucción absurda a la investigación clínica con cannabis. La mayoría de los estadounidenses tienen acceso a una amplia gama de productos de cannabis médico, a través de sistemas regulados por los Estados, pero parecen de una guía suficiente para tomar decisiones basadas en investigación clínica.”
Esto ocurre un día después de que la Comisión de Estupefacientes de la ONU votó por remover a la cannabis y sus derivados de la lista de sustancias prohibidas reservada a las drogas con amplio potencial de daño a la salud pública y bajo o nulo valor médico. Con este acto, la ONU reconoció que la cannabis tiene un valor médico.
En este sentido, es posible que a partir de la acción de la ONU sea posible acceder al cannabis para investigación científica y médica.
En su comunicado, MAPS señala que durante 20 años les ha resultado imposible obtener una aprobación por parte de la DEA que les permitiría cultivar cannabis para fines de investigación. Hasta el momento, si uno busca experimentar con la planta necesita pedir el material al Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA por sus siglas en inglés).
Entonces, realizar una investigación rigurosa es difícil porque los científicos están sujetos al cannabis que les pueda proveer el gobierno. Sue Sister, médico e investigadora ha vivido la obstaculización de sus propios esfuerzos para realizar la investigación de la mano de MAPS. Ella declaró que “la única forma de crear un campo de juego nivelado para las medicinas de cannabis es permitir finalmente el acceso a flores ‘reales’ que representan la diversidad de variedades que ya están disponibles hoy en día en los mercados regulados de la nación”.
Es por ello que organizaciones como MAPS buscan acceder a cultivos de cannabis especializados para fines de investigación:
“Los esfuerzos por conducir investigación significativa han sido bloqueados por décadas; la obstrucción continúa ha causado el sufrimiento de gente bajo severas condiciones” señalan en su comunicado.
En su sitio web también detallan el camino tumultuoso que han recorrido con el doctor Lyle Cracker. En 2001 el doctor buscó obtener autorización del gobierno para cultivar cannabis y hacer investigación. La DEA le negó el permiso la primera ocasión, y está pendiente en dar respuesta de la segunda solicitud, introducida ante la autoridad en 2007.
“La DEA ha fallado en procesar más de 30 licencias destacables por más de 4 años a pesar de la guía administrativa; el apoyo de científicos, senadores y NIDA. (...) A pesar del amplio apoyo del público por acceso legal a cannabis médico, así como un nuevo pronunciamientos de políticas por la DEA y la opinión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la DEA ha continuado en no procesar las aplicaciones de licencia en violación a la Acta de Procedimientos Administrativos” detalla MAPS.
“El doctor Craker, apoyado por MAPS ha iniciado una demanda en la Corte del Distrito en Massachusetts para obligar a la DEA a terminar su retraso y procesamiento de productores de marihuana y aplicaciones de licencias de manufactura; y por lo tanto hacer posible la investigación científica hacia un producto farmacéutico de cannabis médico viable.”
Rick Doblin, miembro fundador y director ejecutivo de la organización declaró que “de haberse aprobado la licencia inicial del doctor Ckraker hace 20 años, las medicinas de marihuana estarían disponibles en la farmacia, sin importar de las leyes estatales, con la seguridad estricta de protocolos y dosis regulares a la gente en necesidad con el sistema inmune comprometido y enfermedades serias. Es difícil imaginar el alcance del sufrimiento que la gente ha tenido que soportar por las políticas y miedo que se sobreponen a la ciencia en oficiales con ‘mente prohibicionista’ como el Fiscal General”.