Puestos para pagar impuestos. Esta consigna, lanzada en la marcha del 2010, es una de las varias que empujan la normalización de la mota, pero una que refleja la intención de muchos usuarios por establecer relaciones en las que sean reconocidos sus derechos. Huelga decir que aunque muchos otros usuarios preferirían no pagar impuestos, la comunidad cannábica ya los paga en forma de “mórdidas”, multas o fianzas.
Respecto a una posible fiscalización, el Instituto Belisario Domínguez publicó el documento “Algunas experiencias internacionales en materia de impuestos al cannabis”, donde presentan ejemplos de países y estados norteamericanos que ya han regulado el mercado del cannabis. El autor, José Luis Clavellina, sostiene la idea de que “en caso de aprobarse la regulación para el uso lúdico y medicinal del cannabis en México, será necesario el establecimiento de un impuesto especial” y arguye que éstos permitirán controlar los precios, desincentivar su consumo y obtener recursos para financiar políticas de prevención y tratamiento de las adicciones.
En este sentido cita una nota periodística sobre un evento en el Colegio de México donde el secretario de hacienda, Arturo Herrera, señaló que en caso de aprobarse la regulación de la mariguana “se va a tener que gravar con el IEPS”. El IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) es un impuesto que grava productos de consumo que tienen consecuencias negativas en la salud pública, como bebidas con alcohol -excepto agua miel y derivados-, cigarros y bebidas azucaradas. Este impuesto puede aplicarse de forma gradual, un es ejemplo es el caso de las bebidas alcohólicas, en aquellas con menos de 14ºGL el IEPS es de 26.5%, mientras que en aquellas con más de 20ºGL el IEPS es del 53%.
En el caso de la mariguana se desconocen propuestas sobre la carga impositiva que tendría su venta, pero es deseable que el impuesto no eleve los costos de modo que incentive a los usuarios a abastecerse en el mercado ilegal ni los baje de modo que aumente el consumo.
El autor destaca la posibilidad de que los gobiernos estatales participen en el cobro de impuestos, de modo que estos les permitan hacer frente a los problemas relacionados con el consumo de cannabis en el ámbito local.
Pese a que la idea de aplicar impuestos al cannabis es publicada por el IBD, al ser presentada la publicación en el boletín informativo del senado, fue retomada por muchos medios informativos como si fuese propuesta del senado. Esto no solo no es así, sino que hay que evitar confundirla como una propuesta del senado para agregar al dictamen de la Ley del cannabis que actualmente se encuentra en la cámara de diputados.
No obstante, la fiscalización del cannabis es un tema que, más pronto que tarde, deberá ser incluido en las discusiones presupuestales.
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En 2016, millón y medio de mexicanos consumieron mariguana en el último año (2.1% de la población entre 12 y 65 años).
Considerando que esta población consumiese un promedio de 10 gramos mensuales (120grs anuales), estaríamos hablando de un consumo interno de 180 toneladas anuales. Nada descabellado si se considera que entre 2012 y 2018 se incautaron 770 toneladas anuales en promedio.
A $39.00 pesos por gramo (precio promedio nacional, según Los precios de la mariguana en México), estaríamos hablando de un mercado de $7,020 millones de pesos. Un IEPS del 20% recaudaría alrededor de $1,404 millones de pesos anuales. No es poca cosa, el presupuesto de la Conadic fue de $720 millones para 2018.