Por éstos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería discutir la constitucionalidad del delito de posesión simple de cannabis, disposición que sigue vigente en nuestro país. El asunto puede verse de la siguiente manera: ¿Por qué, si la propia Corte ya determinó que los adultos en México tenemos el derecho de consumir cannabis, se nos sigue criminalizando su mera posesión, aún y cuando ésta no tenga otro propósito que el consumo personal?
Esta incongruencia no es nueva, ni exclusiva de nuestro país. Con el fin de instrumentar una política dura contra las drogas, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se hizo un esfuerzo para intentar diferenciar el consumo, del tráfico de sustancias bajo fiscalización. Y con el argumento de que a los usuarios (adictos, para el gobierno) debía tratárseles con políticas de salud y rehabilitación, mientras que a los comerciantes al menudeo debía tratárseles con mejores herramientas jurídicas para combatirlos por la vía penal, se creó lo que hoy conocemos como "Ley contra el narcomenudeo"; que mediante una tabla de "dosis máximas" de consumo, intentó separar la esfera del consumo de la del tráfico o comercio.
De ahí viene la cantidad de 5 gramos como una especie de límite tolerado para los usuarios, algo que provoca confusión no sólo entre los usuarios, sino también entre las propias policías y otras autoridades, ya que tal posesión sigue constituyendo un delito, aunque en esa cantidad no tiene una sanción penal.
Pero como todo en nuestra sociedad, estas disposiciones fueron rápidamente pervertidas y al final solo lograron establecer un nuevo sistema de extorsión de usuarios que en nada ha impactado al mercado en pequeña escala, ni ha contribuido a disminuir el consumo. A cambio, creó un nuevo botín para la extorsión policiaca, ya que toda persona "sorprendida" en posesión debe ser presentada ante un juez, quien tiene hasta 48 horas para determinar si abre un proceso penal, mientras la persona se encuentra detenida.
Así, el sistema de umbrales (así se le conoce en el mundo de la política de drogas) no solucionó nada, pero al menos tuvo la virtud de hacer más notables las contradicciones legales que rigen a las drogas. Ahora, por ejemplo, el pretexto de los 5 gramos sirve para que la policía haga de los usuarios su botín, pero también ha sido usado por comerciantes a pequeña escala para evitar sanciones por narcomenudeo.
En todo caso, resulta claro que para la autoridad es mucho más conveniente ir contra los usuarios, que contra quien delinque comerciando la planta, toda vez que los usuarios somos mucho más vulnerables e inofensivos que quienes forman parte de redes criminales mucho más peligrosas para la propia autoridad.
De este modo, ahora que la Suprema Corte de Justicia discutirá si el delito de posesión simple es constitucional o no, uno podría esperar que la Corte continúe por el camino de los derechos, pero el proyecto que busca clarificar ésta cuestión representa, más bien, una maroma para permitir que se reconozca nuestro derecho a usarla, pero al mismo tiempo, sigamos siendo considerados delincuentes por el solo hecho de ejercer nuestro derecho.
Es así que, sin una reforma clara y precisa sobre el delito de posesión, lo que veremos en los próximos tiempos es un debate del que todos saldremos perjudicados: al mantenerse la constitucionalidad de éste delito, la autoridad tendrá siempre el poder de definir si somos o no somos delincuentes, con independencia de nuestro derecho.
Por eso, sería fundamental que nuestras autoridades, y la clase política, comprendan que las sanciones a la posesión podrán ser constitucionales, pero no necesariamente obligatorias. Es decir, los legisladores tendrían la posibilidad de eliminarlas; o los gobernantes, de no aplicarlas.
Pero dado que todos (oficialismo y oposición) se han revelado como igualmente conservadores en el tema de la planta amiga, lo más probable es que, al menos en los próximos años, sigamos viviendo en una ambigüedad jurídica en la que nuestros derechos seguirán siendo vulnerados por un sistema de control de drogas que no controla nada, pero que es muy útil para que la corrupción y la extorsión sigan siendo un botín para todas nuestras autoridades.