En Colombia, el debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto vuelve a ocupar la agenda legislativa. Aunque desde 2016 el país permite el uso medicinal de esta planta y la Corte Constitucional ha protegido el consumo personal desde el siglo pasado, el acceso legal y regulado para fines recreativos sigue siendo un desafío. 

El más reciente intento de ley, liderado por el representante Juan Carlos Losada, es el octavo proyecto en seis años que busca abrir un mercado legal bajo control estatal. La iniciativa propone modificar el artículo 49 de la Constitución para que el cannabis no quede bajo la prohibición general de sustancias psicoactivas. 

El objetivo no es abrir de inmediato tiendas de venta, sino crear un marco jurídico que permita un mercado regulado en el futuro. Con ello se busca quitar poder económico al narcotráfico, que hasta ahora monopoliza la producción y distribución en los mercados, y garantizar que el Estado tenga control sobre la cadena productiva.

El proyecto ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y aunque aún debe avanzar en plenaria y en el Senado, incluye novedades frente a propuestas anteriores. Entre ellas, se plantea que el Estado pueda recaudar impuestos provenientes de la venta de cannabis, recursos que serían destinados a programas de salud pública, educación y prevención. Asimismo, incorpora un reconocimiento expreso a las comunidades étnicas y campesinas, con el fin de que participen en la regulación y no sean desplazadas por grandes empresas en un futuro mercado legal.

En materia de salud pública, el texto exige al Estado implementar políticas de prevención, tratamiento voluntario y reducción de riesgos, especialmente orientadas a niños, niñas y adolescentes. Además, establece restricciones estrictas: prohíbe cualquier tipo de publicidad o promoción del cannabis, limita su consumo en colegios, parques, centros deportivos y espacios de primera infancia, y sólo autoriza campañas educativas o de prevención dirigidas a adultos.

El proyecto también busca un equilibrio entre libertades individuales y deberes de protección estatal. Más allá de la legalización, se plantea una regulación responsable que atienda la dimensión económica, social y derechos humanos.

FUENTE: Infobae