Por: Daniel Gómez

San José, CR. A pesar de que la ley que establecería el mercado legal de cannabis medicinal y cáñamo industrial en Costa Rica está lejos de aprobarse, ya ha sido objeto de engaños y estafas para nacionales y extranjeros.

La noticia fue dada a conocer hace apenas unas semanas por el medio Medical Cannabis News y escaló a ser noticia nacional. En las publicaciones, un israelí de apellido Abidul, da a conocer una denuncia interpuesta en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en contra un norteamericano de nombre Thomas Reeves y dos costarricenses; Esteban Solís y Gerald Rojas Murray, este último quien se hace llamar activista a favor de la legalización.

Tanto el israelí, como su pareja costarricense de apellido Castillo, revelan cómo se les ofreció un falso documento firmado que les permitía supuestamente la siembra de cannabis medicinal bajo una licencia categoría A. Para esto, los implicados recurrieron presuntamente a falsificación de la firma de la viceministra de Salud, María Esther Anchía, quien negó categóricamente la validez del documento.

Para concretar la estafa, Reeves, Solís y Murray, formaron una empresa de nombre GreenLeaf Holding Technologies, donde aparecen como gerentes, y por medio de esta se hicieron pasar por los “representantes oficiales del gobierno para autorizar, expedir y ofrecer asesoría en el tema”, pese a que la ley no ha sido aprobada.

Esta empresa, ahora con una demanda en curso, solicitó a la pareja $25,000 dólares a cambio de la supuesta licencia. Este dinero se pagó con la promesa de que la ley sería aprobada en agosto del 2016, y porque, si no se negociaba antes de esa fecha, después tendrían que pagar hasta $1 millón de dólares. La ley no pasó, pero los imputados cobraron el dinero.

Asimismo, la investigación dada a conocer muestra cómo en una serie de correos electrónicos los representantes de Greenleaf Holdings afirman estar trabajando con el ahora Presidente del Congreso, José Alberto Alfaro, del Partido Movimiento Libertario (ML).

El político y el representante de GreenLeaf, Gerald Rojas Murray, se encontraban haciendo una gira para dar a conocer el proyecto de ley para la fecha del primer correo electrónico, lo cual calza con el contenido del mismo. Consultado por los medios de prensa, Alfaro, se ha rehusado a hablar alegando que no tienen ningún vínculo con los denunciados.

Murray negó todas las informaciones a pesar de las numerosas pruebas que lo ligan con la estafa y con GreenLeaf Holdings. En sus declaraciones afirma que no forma parte de esta sociedad desde abril del año anterior, sin embargo, la hoja del registro de la compañía lo nombra todavía como gerente.

Quien dice ser activista por la legalización, no solo ha sido vinculado de estafas, sino que ha estado detrás de un fuerte lobby político en el Congreso, lo cual lo ha llevado a organizar viajes con diputados a Colorado para reunirse con empresarios de la industria legal.

Reeves se fue a Estados Unidos y Murray ha afirmado que el dinero de la pareja “se la robó una muchacha”. Además, en una clara contradicción, manifiesta que los contratos son totalmente legales.

La comunidad activista en Costa Rica se ha manifestado a favor de las investigaciones, pese a que los imputados condenan las informaciones como “noticias falsas”. El impacto ha sido tal, que las aspiraciones políticas de Murray para ser precandidato presidencial han quedado truncadas, según la dirigencia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Por el momento, los medios locales se encuentran dando seguimiento a las pesquisas de las autoridades para poder dar con los culpables.