Rosalinda, de 24 años, salía de su casa camino a la tienda cuando la agarraron y subieron por la fuerza a un vehículo. La amenazaron con armas y la llevaron a una casa donde había más personas secuestradas. Ella se negó a dar ningún dato de sus familiares, por lo que los secuestradores no pudieron pedir rescate por ella. Estuvo secuestrada dos días hasta que llegó un operativo de militares.
Ella se escondió hasta que terminó el enfrentamiento y los militares le aconsejaron ir con los agentes antisecuestro. Estos últimos no la dejaron ir y la golpearon, afirmando que formaba parte del grupo de secuestradores. La llevaron detenida junto con la mujer que le había dado de comer esos días y con otras personas secuestradas.
Pasaron más de 15 horas hasta que la llevaron a la agencia del ministerio público. Rosalinda estaba embarazada de dos meses y lo informó a los agentes, pero “Me golpearon muy feo” y la obligaron a viajar boca abajo, con la barriga contra el suelo. En la agencia del ministerio público siguieron los golpes, puñetazos, cachetadas, amenazas contra la familia, insultos y amenazas de muerte, hasta que tuvo que firmar una declaración obligada.
Rosalinda perdió a su bebé durante el tiempo que estuvo arraigada y nunca ha visitado a un ginecólogo. Vive en prisión desde hace 4 años y 4 meses. Su caso es por posesión con fines de venta, delincuencia organizada y secuestro; sigue en proceso.
Mujeres en prisión.
Durante 2015, en México ingresaron al sistema penitenciario 32,121 personas al sistema penitenciario estatal: de ellas, un 8.5% (2,704) son mujeres. Los delitos contra la salud representan la primera causa de privación de la libertad, con el delito de posesión en primer lugar. Esto, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2016).
Un estudio realizado por la organiazación EQUIS: Justicia para las Mujeres, encontró que “la mayoría de las mujeres entrevistadas reconoce haber cometido el delito del que son acusadas y asume que lo hicieron por sus hijos.”
También indica que la tendencia en la persecución de estos delitos ha ido al alza para ellas, mostrando una tasa de crecimiento del 72% para el 2015 y un incremento del 103,3% en 2016 y 2017.
“Mi hipótesis es que esto es como la punta del iceberg, el acceso a la justicia es más difícil para quienes están en una situación de vulnerabilidad. Y por las condiciones estructurales de México, donde la discriminación sistemática a las mujeres está documentado, hace que se muestre esta arbitrariedad. De las entrevistas que tuve no hubo un caso donde la detención no fuera arbitraria.” explicó Isabel Erreguerena, co-autora del reporte.
De igual forma, describe el perfil que cubren muchas de ellas: pobres, con bajos niveles de estudio, procedentes de sitios marginados de la sociedad y responsables de delitos no violentos, así como mujeres usuarias atrapadas en un círculo de consumo-criminalización que se repite una y otra vez.
Durante sus entrevistas, confirman que las mujeres, cuando son detenidas, son golpeadas al punto de sufrir abortos a raíz de la violencia del Estado. No obstante, ninguno de estos casos tiene consecuencias y ellas viven su condición de acusadas pasando a los registros oficiales como responsables de “delitos contra la salud”.
Por lo general, reciben la pena mínima: 4 años, o 4 años y meses cuando se trata de venta al menudeo, y 10 años en los casos de tráfico y transporte. En los casos de delincuencia organizada sus procesos llevan siete o más años sin siquiera haber recibido una sentencia.
Ser madre tras las rejas.
Para quienes tienen hijos, la maternidad se traduce en la fuerza para sobrevivir las presiones emocionales y psicológicas del encierro. El contacto con la familia se torna doloroso y vital al mismo tiempo. Esto se complica cuando la mujer es la única responsable disponible para cuidar al niño, pues las regulaciones no son claras al respecto.
Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, “las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a permanecer con sus hijas e hijos en el centro hasta que estos cumplan tres años de edad”. Sin embargo, en el artículo 36 de la misma ley, se determina que únicamente las niñas y niños nacidos durante el internamiento de la madre gozarán del derecho de permanecer con ella en prisión, si esto responde a su interés superior.
Esta contrariedad se entiende cuando las perspectiva de género no ha permeado en las políticas públicas. “El Estado está obligado a realizar una polìtica pública que tome en cuenta las características de la población, por eso es importante meter el lente de género. Porque hace que se hagan polìticas públicas específicas y que se tome en cuenta el contexto” apuntó Isabel Errenguera.
Lo alarmante es que el problema parece no tener solución pronta, a menos que se aborde el problema de drogas en nuestro país con los derechos y la dignidad humana por delante, muchas de las celebradas el día de hoy probablemente no verán crecer a sus hijos. Feliz día a todas ellas.
Información tomada del reporte Políticas de Drogas, Género y Encarcelamiento.
Fuentes:
Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México, Ciudad de México, Tirant Lo Blanch, 2013.
http://equis.org.mx/equis/wp-content/uploads/2018/02/Guía_Drogas.pdf