El día miércoles se presentó el Plan Nacional de paz y seguridad 2018-2024.
En la conferencia de prensa, el futuro Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló la necesidad de formular nuevos paradigmas para, entre otros objetivos, recuperar la Paz y restablecer el Estado de Derecho.
Para esto el próximo secretario señaló que establecerán diversas estrategias "multidimensionales", entre ellas la #5, denominada Reformular el combate a las drogas.
Esta estrategia fue desarrollada brevemente durante la conferencia, si bien se encuentra ampliada en el documento oficial.
En principio, Durazo reconoció el fracaso de la política actual: "La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder publico es ya insostenible desde cualquier punto de vista."
En un segundo momento, el futuro secretario presentó un breve diagnóstico de la inseguridad donde, al igual que gobiernos anteriores, ubicó en el consumo de drogas al origen de todos los males: "La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los carteles se ha incrementado de manera sostenida."
Y con ello dió paso a la propuesta, combatir las adicciones mediante control clínico y ya no mediante control policíaco: "La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que la generan y se dedique, en una primera instancia, a mantener bajo control clínico a quienes ya las padecen, aún y cuando esta medida no sería suficiente por sí misma y no resolveria la existencia de organizaciones fuertemente armadas."
En este sentido, en el documento escrito el plan incluye "el suministro de dosis con prescripción" y un segundo paso: "ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados." Argumentos que, en buena medida, son similares a los presentados en iniciativas sobre Cortes de Drogas, una medida propuesta por Washington desde hace años y que en México ha sido vendida como Tribunales de Tratamiento de Adicciones y/o Justicia Terapéutica, y que no ha tenido buenos resultados en México -como muestra un estudio reciente de Equis Mujeres-. Esta idea radica en el estereotipo de que los usuarios cometen delitos por su consumo de drogas, por lo que si dejan de consumir ya no cometerán delitos, lo cual no es sólo estigmatizante, sino que suele incidir en la vulneración de los jóvenes que consumen drogas como parte del desarrollo de su personalidad.
El cierre de la preentación de esta estrategia pareció ser el espaldarazo a la regulación de la mariguana: "La regulación de algunos de los estupefacientes actualmente prohibidos permitiría poner fin a uno de los motores de la violencia y la inseguridad y el extendido quebrantamiento del Estado de Derecho."
¿Qué podemos esperar de esta estrategia? Por lo pronto parece que, salvo por la mariguana, habrá un endurecimiento hacia las personas usuarias de drogas ilícitas. Una política que ha sido reivindicada por los gobernantes en turno, sin importar el color del partido; por lo que la reformulación de la política de drogas parece ser solo una apuesta por limitar las libertades de los ciudadanos, aún a sabiendas de que fracasará (de nuevo) como estrategia para la construcción de paz: "esta medida no sería suficiente por sí misma y no resolveria la existencia de organizaciones fuertemente armadas."
Por otra parte, en otro punto de la estrategia Durazo señaló la importancia de "Erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia". Compartimos y esperamos que sea efectiva "la supresión de las prácticas corruptas", "el propósito más relevante del nuevo gobierno", lo cual sin duda es relevante también para los usuarios de drogas ilícitas, una de las poblaciones más afectadas por la corrupción de las autoridades civiles cuando son encontrados consumiendo en espacios públicos.