“Los instruyo a seguir trabajando con denuedo, hasta liberar plenamente a México de estos enemigos(...). Es una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y, por desgracia, vidas humanas, pero es una batalla que vamos a ganar”, anunció Felipe Calderón en dos discursos al inicio de su sexenio.
No obstante, a 14 años del inicio de la llamada “Guerra contra las Drogas”, la estrategia de seguridad pública que implicó el uso de las Fuerzas Armadas no sólo no ha logrado reducir los índices de violencia en la población mexicana sino que ha contribuido a su exacerbación, de acuerdo al informe publicado por Intersecta el pasado nueve de septiembre titulado “Las Dos Guerras”, un análisis que busca entender el impacto de los enfrentamientos en los que participaron las Fuerzas Armadas de México entre el 2007 y el 2018, en los homicidios de las mujeres.
En fechas recientes las calles se han convertido en espacios para la escritura de la rabia e indignación de miles de mujeres quienes al unísono mantienen una exigencia clara: “ni una menos”.
Entre carteles, mantas, consignas, capuchas e incendios, se han visto impelidas a salir a protestar por su derecho a la vida y a la vida libre de violencia frente a una tasa de feminicidios cada vez más elevada y de la cual no ha habido mayor respuesta por parte de las autoridades.
De acuerdo a la base de datos de Víctimas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 fueron asesinadas 3 mil 824 mujeres, un promedio de 10 asesinadas diariamente. Los datos sugieren que para finalizar el 2020, la tasa será igual o incluso peor.
Lugar: Nezahualcóyotl" // Fotografía: Zaira Romo
A través de Fondo Semillas, Intersecta, busca dar una de muchas posibles respuestas al elevado número de homocidios en las mujeres: “si se quiere comprender el aumento de la violencia hacia las mujeres, hay que considerar la estrategia de seguridad pública durante la llamada ‘Guerra contra las Drogas’: la militarización”.
La guerra contra las mujeres o sobre por qué lo personal es político
La violencia patriarcal a través de sus múltiples expresiones, se legitima y reproduce mediante su institucionalización, es decir, a través de todos los organismos sociales que construyen la vida cotidiana. La guerra contra las mujeres es la violencia a la que se enfrentan desde su subjetividad en la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en los medios de comunicación y en los aparatos gubernamentales, entre otros.
En 1969, Carol Hanisch escribió un ensayo titulado «Lo personal es político», donde expuso la importancia de poner en relieve las vinculaciones existentes entre la experiencia personal de las mujeres y las grandes esferas estructurales de poder. A pesar de que Hanisch rechazó la autoría de la frase, fue retomada por otras autoras como Kate Millet, referente del feminismo radical, la cual extendió el concepto para ayudar a comprender que las violencias y abusos de las mujeres en su cotidianidad no eran aislados sino que reproducen un orden de cosas de desigualdad social donde la mujer es la sujeta de la opresión.
Refiriendo al despojo de la vida de las mujeres y observándolo bajo la lupa de “lo personal es político”, no son asesinatos aislados sino sistémicos y el informe conduce a explicarlo a través de una segunda guerra, la cual según expertas y expertos ha ocasionado más problemas de lo que intentó resolver y es el de la “Guerra contra las Drogas”.
La "Guerra contra las Drogas"
Según el informe, este concepto alude al “cambio en las estrategias del gobierno para supuestamente hacer cumplir las políticas de drogas en México”, políticas que en reiteradas ocasiones han dicho expertas/os en materia, se levantan sobre el paradigma de la prohibición.
La estrategia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), extendida en la gobernanza de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y hasta Andrés Manuel López Obrador (2018), tiene como base el despliegue militar en las estrategias de seguridad pública.
El informe proporcionado por la organización oberva cómo la militarización, a partir de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado (particularmente el narcotráfico) genera dos tipos de violencias:
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Directa, pues los enfrentamientos se caracterizan en muchas ocasiones por ser de una "brutalidad letal", lo cual fue medido por las personas fallecidas en los enfretamientos entre el 2007-2011.
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Indirecta: las secuelas que provocaron los enfrentamientos.
La justificación
El saldo de personas fallecidas durante los enfrentamientos así como las secuelas a corto y largo plazo de violencia en las comunidades donde se llevan a cabo, no podrían consolidarse del todo sin la legitimación discursiva tanto de las Fuerzas Armadas como del gobierno en turno que las implementa.
En los tres sexenios, desde Calderón hasta Andrés Manuel, la justificación ha variado aunque dos de los elementos base sigan siendo los mismos:
Por un lado, se habla del “crimen organizado”, pues al representar una amenaza a la sociedad y al Estado, se convierte entonces en el enemigo público número uno al cual hay que “vencer”. Por otro, la necesidad de militarizar* surge de concebir a los cuerpos policiacos como incapaces de hacerle frente a este tipo de crímenes, ya sea por su ineptitud, por corrupción o por ambas, señala el informe. Bajo la lógica anterior, “las Fuerzas Armadas se ofrecen como solución al problema público de inseguridad”.
¿Qué dice la constitución al respecto?
El artículo 129 constitucional señala que en tiempos de “paz”, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y sólo las instituciones civiles pueden y deben encargarse de la seguridad pública. De ser así, la militarización sería ilegítima.
No obstante, una tesis de jurisprudencia de marzo de 1996 -y a la cual apeló Felipe Calderón- interpretó este artículo, indicando que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio y coordinación de las autoridades civiles sí es constitucional.
Bajo esta acción jurisprudencial, la militarización se ha enarbolado como una acción temporal y auxiliar mientras se capacita y profesionaliza al cuerpo policiaco para hacer frente al “enemigo público”. Catorce años después, el uso de las Fuerzas Armadas ofrecen un panorama distinto: ni ha sido temporal ni ha sido auxiliar.
Los datos dicen que entre 2007 y 2011 la SEDENA fue la autoridad que participó en más enfrentamientos: estuvo involucrada en 1,748 de los eventos registrados, de los cuales, en el 52.8% actuó completamente sola.
Lo anterior resulta escandaloso dado que “para que se pueda hablar de que el ejército actuó en el marco de la ley, su actuación debe ser subordinada y complementaria a las labores de los cuerpos de seguridad civiles. Esto lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, menciona el informe.
En ese sentido y citando a José Miguel Vivanco en su columna para el periódico Reforma, “al solicitar formalmente la intervención militar, estas autoridades estarían asumiendo la responsabilidad política que esto implica”.
En Intersecta insisten que el problema no es únicamente la violencia generalizada desatada con la militarización, sino la militarización misma y cómo opera en la realidad: con la lógica de la guerra.
Los resultados
Felipe Calderón Hinojosa llega a la presidencia cuando la tasa de homicidios llevaba una tendencia decreciente, no obstante, la implementación de su estrategia de seguridad, según revela el informe, contribuyó a la reversión de la tendencia.
El periodo 2007-2011 fue un año decisivo: los asesinatos comenzaron a aumentar sobremanera tanto para hombres como para mujeres pero también, a raíz del despliegue militar, aumentaron los enfrentamientos con los grupos delictivos.
Como se puede ver en la gráfica siguiente, el número de eventos fue creciendo año con año. En 2007 hubo 79 enfrentamientos registrados en el país, pero para el 2011, eran mil 352.
De acuerdo a esta relación, los enfrentamientos nunca están asociados a una reducción en los homicidios, por el contrario, los aumentan detonando también otras violencias a corto y mediano plazo, donde las mujeres también se ven fuertemente afectadas.
Los datos muestran que a partir del 2007, los asesinatos a mujeres en la vía pública y con armas de fuego aumentaron. Comparado con el año 2000 donde apenas tres de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego, en el año 2018 ya eran 6 de cada 10.
Cabe destacar que este informe, como cualquier otro, tuvo obstáculos en materia de información, ya que las fuentes a las que acudieron o no estaban desagregadas, no coincidían entre sí o no abarcaban periodos de tiempo más amplios.
A pesar del intento del informe por establecer una relación entre la militarización y el aumento en las muertes de las mujeres, es importante mencionar que no se trata de un hecho concreto sino de una inferencia que surge de relacionar el aumento de los asesinatos de las mujeres en la vía pública y con armas de fuego, con el aumento de los enfretamientos donde participaron las Fuerzas Armadas en el marco del inicio de la llamada "Guerra contra las Drogas".
El aumento de los homicidios relacionado con la militarización es un hecho, lo que no queda del todo claro es la afectación directa que tienen la estrategia de seguridad con los asesinatos a las mujeres en conreto. Aún quedan muchas preguntas por responder al respecto; el informe platea dos: ¿cómo deberían transformarse las políticas e instituciones que se han diseñado para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en contextos militarizados? ¿Por qué seguir apostando por un modelo de seguridad y unas políticas prohibicionistas si los resultados no han hecho más sino elevar los índices de violencia hacia hombres y especialmente mujeres?
Si te interesa leer el informe completo da click aquí.
* La militarización en el país ha tenido diferentes matices en la narrativa. Se puede definir como el uso de soldados y marinos en las funciones de seguridad pública pero también tiene un doble sentido, sobre todo instaurado en el discurso gubernamental en turno: cuando se adopta la lógica militar dentro de las instituciones civiles de seguridad pública. El ejemplo más claro de esto último es la Guardia Nacional, la cual se presume como institución civil cuando su organización y logística es de tinte militar.