La persecusión policiaca hacia los usuarios de cannabis “no está en cuarentena”, señaló la diputada Martha Tagle Martínez después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera aplazar la fecha fatal que tiene el poder legislativo para regular el autoconsumo de cannabis. Además señaló que la liberación de la planta sería una gran contribución para la generación de empleos, lo cual hace del tema uno particularmente esencial como medida de respuesta ante la crisis causada por la aparición del nuevo coronavirus. 

En una charla organizada por la coalición Regulación por la Paz el viernes 17, Tagle reflexionó sobre la decisión de la Suprema Corte de ampliar el plazo que obliga al poder legislativo a regular el autoconsumo de marihuana. Sobre si es o no un tema prioritario ante la pandemia, ella aseguró que sí pues se espera una recesión económica que afecte las fuentes de empleo de los mexicanos.

Por ello, según la senadora, es imperante que se regule el cannabis y así se fomente un mercado regulado del cual el Estado pueda beneficiarse así como la población en general.

“Tenemos suelo, tenemos territorio, tenemos experiencia. Tenemos todo para en muchos municipios del país esto pueda generar ingresos rápidamente para las personas. Porque esto ya está sucediendo, pero en la ilegalidad. Ojalá que se entienda que de verdad, una forma de recuperar la economía para la gente, para los más pobres tiene que ver con la regulación del cannabis. Me parece mucho más urgente”.

Así mismo, en un comunicado, hizo un llamado para reflexionar sobre “las implicaciones de este retraso, en el ejercicio de los derechos de las personas usuarias del cannabis, pues la falta de regulación puede favorecer que las y los usuarios sean objeto de criminalización y persecución.”

Señaló que uno de los aspectos prioritarios es el tema de la extorsión: “Como lo muestra la primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales de la Ciudad de México de 2012, 7 de cada 10 personas usuarias de cannabis ha sido detenida y extorsionada por la policía” señala.

También recordó sobre el punto de acuerdo presentó y donde exhortó “a las y los titulares del Ejecutivo Federal y a sus homólogos en las Entidades Federativas, a que instruyan públicamente a sus policías, ministerios públicos y jueces cívicos a no detener a personas usuarias de cannabis en la vía pública cuando no afecten a terceros, o por posesión simple mientras no existan pruebas o indicios claros de comercio o tráfico. Las personas usuarias no representan un peligro para la comunidad y dirigir el ejercicio de la ley hacia ellas no solo distrae recursos necesarios para combatir otros delitos; además representa una acción de la autoridad que violenta garantías ya reconocidas por la SCJN en su declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018”. 

“La extorsión policiaca no está en cuarentena” finalizó la diputada.