A pesar de existir el mandato constitucional para que el Congreso de la Unión regule el uso personal de cannabis en México antes del 30 de abril pasado “el Senado afirmó que no pudo llegar a un consenso y decidió discutir los cambios al dictamen, enviado el 14 de marzo por la Cámara de Diputados, hasta después de las elecciones” aseguró México Unido Contra la Delincuencia en un comunicado.
Ante ello, “la SCJN debe reactivar el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuya sesión podría llevarse a cabo antes del 28 de mayo y, de alcanzarse los votos necesarios, implicaría eliminar directamente los artículos declarados inconstitucionales”. Según MUCD, esto generaría un vacío legal con persecuciones severas para los usuarios de marihuana.
“El Congreso pierde así una oportunidad histórica para terminar con la prohibición y reorientar la estrategia de seguridad hacia la persecución de delitos que sí dejan víctimas, en lugar de enfocar recursos hacia la persecución penal y administrativa de personas usuarias y cultivadoras.
“Esto daría como resultado un vacío jurídico en el que, si bien eliminaría la prohibición, no habría regulación alguna. Este es un escenario sumamente grave pues coloca en una situación de inseguridad jurídica a todas y todos los mexicanos, sean o no personas consumidoras de cannabis, al no existir un marco regulatorio que otorgue certeza sobre las actividades que son legales o ilegales dentro de esta materia”.
También apuntaron a las deficiencias que se han presentado en el proceso legislativo desde hace dos años, particularmente en torno al reconocimiento de los derechos de los usuarios de marihuana.
“A dos años del mandato de la SCJN y después de 3 prórrogas (...) desde su primera versión hasta la actual, el dictamen ha mantenido algunos de los aspectos más graves que activistas y organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado por ser contrarios al mandato de la Suprema Corte y violatorios de derechos humanos.
“El dictamen no cumple cabalmente con la orden de la Corte de eliminar la prohibición administrativa del cannabis –al no quitar el THC con más de 1% de concentración del sistema de prohibición absoluta–; sobrerregular prácticas cotidianas de las personas consumidoras en detrimento de su libre desarrollo de la personalidad, y; mantiene la criminalización y penalización de personas usuarias y campesinas al no eliminar el delito de posesión simple y el delito de cultivo”.
Por último, enfatizan la necesidad de que el Congreso regule el cannabis en un periodo extraordinario para que no se incurra en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
“La regulación de la cannabis no puede posponerse más. Urgimos que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a una sesión extraordinaria y emita una regulación que cumpla con las exigencias de justicia social y no criminalización. Es su responsabilidad evitar un posible vacío legal a raíz de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la SCJN”.