Después de la decisión nacional de votar por la cuarta transformación, se han empezado a escuchar voces respecto a posibles cambios en la política nacional de drogas. En este sentido, Olga Sánchez Cordero, quien sería la futura secretaria de Gobernación, señaló que el presidente electo le dió carta abierta para la "despenalización de la droga", y que le mencionó: "lo que sea necesario para pacificar este país".

En este sentido, la exministra dió a conocer el documento ‘Primer paso del proceso de paz: Apertura de foros de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional’, con el cual el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, buscará "Generar un pacto de reconciliación nacional viable a través de la reconstrucción y sanación del tejido social".

El documento propone 9 temas como materia de la consulta, entre los que nos interesan:

  1. La voluntad de la ciudadanía con respecto a la legalización de las drogas; y,

  2. La voluntad ciudadana sobre el incremento legal del consumo personal y portación de drogas.

Hasta aquí todo parecería bien. Pero no queda claro qué significa eso de la "voluntad de la ciudadanía", suena extraño por decir lo menos, pareciera que los gobernantes prefieren evadir la responsabilidad de decidir sobre este tema y se la dejan a la ciudadanía; o como que con esta frase intentasen maquillar de democracia la aberración de que las mayorías decidan sobre los derechos de las minorías.

Por otra parte, la idea de incrementar los umbrales de posesión de drogas (impuestos durante el gobierno de Calderón) no considera la corrupción de algunos policías, que solo tendrían que "sembrar" un poco más de lo que indique la ley para continuar practicando la extorsión. Si en verdad se quisiera combatir la corrupción, bastaría con eliminar la posesión de drogas como delito, y no andar poniendo nuevos umbrales de corrupción. Con ello la policía tendría que investigar para fincar casos de comercio y no presentar solo un poco de yerba para inculpar a jóvenes usuarios.

En sentido contrario a la idea de “despenalizar” propuesta para la cuarta transformación del país, el próximo gobierno ha integrado a su equipo al exjefe de la policía capitalina, Mondragón y Kalb, quien durante su período batió todos los récords de detenciones y extorsiones a usuarios de drogas en la Ciudad de México. Además de que, durante su gestión como comisionado de la Conadic, fue omiso con los centros de tratamiento irregulares que violentan los derechos de los usuarios que atienden. Y mantuvo su posición de estar en contra del simple uso de mariguana, aún y cuando la suprema corte ya ha señalado este uso como parte de los derechos protegidos por la Constitución. ¿Qué sentido tiene darle un nuevo puesto a quien por lustros ha vulnerado -de facto o por omisión- los derechos de los usuarios de drogas?

Por último, la llamada amnistía, mencionada de forma múltiple durante las campañas electorales, tampoco ha sido clara en su relación con los usuarios. En este sentido, vale recordar la política de California, donde las personas que han purgado penas por posesión de mariguana tienen cierta prioridad para participar de los negocios ahora legales; así como la política de varios de sus condados, donde han decidido borrar los antecedentes penales de todas las personas detenidas por posesión de mariguana. Esto podría ser fácilmente replicable en el país.

Así, ante la ausencia de los usuarios en la política de drogas delineada por el próximo gobierno y la permanencia de funcionarios que han violentado sus derechos durante lustros, no queda sino decir que le falta un veinte a la cuarta transformación. Solo incluyendo a los usuarios se podrá tener una verdadera transformación, una Transformación 4/20.