La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) obstaculiza de manera ilegal las solicitudes de personas que buscan autorización para acceder a cannabis medicinal e inventa burocracia para no recibir solicitudes de uso personal, acusó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) a través de un comunicado.

En ese sentido, presentaron una denuncia formal contra la Cofepris ante la PGR por actos injustificados e ilegales. Según MUCD, desde abril la dependencia se negó a dar plazos de respuesta a las solicitudes que la misma organización hubo tramitado, y “los funcionarios referían términos de tiempo cada vez más largos, sin que estos se encontraran fundamentados en la Ley.”

Victor Daniel Gutiérrez Muñoz, coordinador de proyectos de MUCD, platicó a La Dosis la experiencia por la que se percataron de estas irregularidades. ”No decimos que no las reciban, sólo que es muy difícil. Y al final de este camino tortuoso te piden algo ilegal”.

Por ejemplo, a los solicitantes se les han pedido requisitos no previstos en los reglamentos. Un caso ejemplar es el del Club Cannábico Xochipilli, cuyas solicitudes fueron desechadas por no presentar el “Interés Jurídico”.

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El comunicado aclara que éstos son requisitos propios de un juicio de amparo, sin lugar en un permiso de carácter administrativo, y que una dependencia como Cofepris no está facultada para solicitar. “Ésto sólo te lo puede requerir un juez”, aclaró Gutiérrez Muñoz.

Ante ello, Cofepris respondió a través de un comunicado que “de las nueve solicitudes presentadas, seis de ellas recibieron oficio de prevención y las tres restantes  se encuentran en proceso de atención dentro del plazo legal aplicable”.

“Sería legal si las prevenciones las hubieran realizado dentro del primer mes”, señaló Gutiérrez Muñoz. “La ley que ellos citan en su comunicado, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala un plazo no mayor a tres meses. Pero la dependencia interpretó este término como “90 días hábiles”, lo cual no es correcto”.

“Sí recibieron nuestras solicitudes, pero no fue de a gratis”, continuó al señalar otro tipo de trabas que superan la burocracia y rayan en lo ilegal. “Te piden requisitos imposibles”, dijo y enlisto algunos de ellos: como la presentación del RFC de la empresa solicitante, aunque esa una solicitud para uso personal; o el agendar una cita a través de números telefónicos sin línea.

“Están apostando que la gente se canse”, puntualizó Gutiérrez y aclaró que el objetivo de MUCD es usar los mecanismos institucionales para corregir el comportamiento de COFEPRIS. Es por ello que presentaron su denuncia ante la PGR, en espera de que sea allí donde se resuelva esto.

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Por último, y a título personal, explicó que detrás de esto puede exisitr la intención de bloquear las solicitudes para que éstas ya no avancen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordó que se necesitan 5 amparos para que haya jurisprudencia.  

El delito de abuso de autoridad está tipificado en el artículo 215 del Código Penal Federal de la siguiente manera: “Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud”.