Los centros de rehabilitación para personas con consumo problemático de drogas Perla Mexicana y Compañeros Uno, de las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco respectivamente, carecen de tratamientos especializados y apego a derechos humanos por irresponsabilidad institucional, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por el medio de comunicación Cuestione.

El medio de comunicación, a través de la periodista Mariangel Calderón, dio a conocer el caso de Erika, una joven que a sus 16 años de edad, fue internada en el centro de rehabilitación Compañeros Uno, tras vivir dos años con un hombre que la prostituía en una cantina de la alcaldía Tlalpan donde consumía solventes, según Claudia Hernández, su madre. 

Seis meses después de internarla, Claudia se enteró de la falta de alimentación y la explotación sexual y laboral en la que vivía Erika, por lo que optó por cambiarla al centro Perla Mexicana. Sin embargo, relata, en ese mismo lugar la obligaban a practicarles sexo oral a los “padrinos” (encargados de guiar a personas con adicciones que llegan a los centros). 

“Nunca tuvo un tratamiento específico para combatir su adicción, solo un montón de ansiolíticos suministrados por las mismas personas del grupo, sin receta médica y solo para calmarla”, explicó Claudia. 

La administración de las alcaldías, la Secretaría de Salud, Protección Civil, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), son las principales instancias encargadas de supervisar, monitorear y crear alternativas con métodos de trabajo profesionales para el tratamiento de adicciones, pese a ello “hay un limbo en la cadena de responsabilidades de estas instituciones” (coloquialmente conocidas como anexos), señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).

Leer: Cómo en los anexos se violan los derechos humanos

Para que un centro pueda operar, es necesario que cuentes con derecho de uso de suelo emitido por cada alcaldía, posteriormente la Secretaría de Salud debe verificar que la atención se profesional. Por su parte, Protección Civil tiene que revisar que las instalaciones sean adecuadas para su uso y finalmente, el DIF debe supervisar que no haya menores de edad internados. 

Elena Azaola, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), mencionó para el medio Cuestione que “el gobierno no tiene alternativas con métodos de trabajo profesionales para la atención de personas con adicciones, como no cuenta con esos servicios, canaliza a las personas al abandono en instituciones con ínfima calidad, (…) el gobierno ve que alguien más se hace cargo y se desentiende”. 

Algunos datos sobre los "anexos" en México.

°Más de 74 mil 400 personas se internan en estos centros

°Más de 3 mil 500 centros de tratamiento operan en el país

°Únicamente 354 de estos son reconocidos por la CONADIC

°El 90% de estos opera irregularmente


Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social A.C

Cuando Erika cumplió 18 años, volvió a la cantina de Tlalpan con el hombre con quien vivía, cinco años más tarde, murió por “congestión visceral generalizada”, de acuerdo al informe oficial. 

Es posible que dicha congestión haya sido provocada por aplastamiento de tórax, golpes o estrangulamiento, lo cual indicaría que su muerte fue feminicidio. Sin embargo, su caso permanece impune.

 

Con información de Cuestione