El pasado 19 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre cannabis medicinal, que representa el fin de la prohibición absoluta sobre la planta en el país. A finales de abril, y de manera unánime, los diputados votaron a favor en lo general el dictamen del Senado de la República sobre la iniciativa presentada por el Presidente en abril del 2016. Y aunque esta representa algunos avances en el sentido de regulaciones más efectivas, se trata de una reforma que queda lejos de cumplir los mínimos necesarios para ayudar a la población que la necesita.
La discusión pública que llevó a la reforma aprobada inició con dos amparos concedidos en el 2015. El primero fue otorgado por un juez de distrito en agosto a la niña Grace de Monterrey, la primera paciente legal de cannabis medicinal en México, para que se pudiera importar un suplemento alimenticio concentrado de CBD, un cannabinoide que ayuda a reducir las convulsiones por epilepsia. El alto rango de efectividad del compuesto, unido a su escasa toxicidad, hacen indefendible la prohibición de su acceso. Este amparo fue solo el primero de muchos otros en el mismo sentido.
El segundo fue el que la SCJN concedió en noviembre a cuatro individuos constituidos como Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil (SMART). La primera sala votó cuatro a uno a favor de un proyecto que considera inconstitucionales las leyes que prohíben los actos relacionados al consumo de cannabis (cultivar, transportar, poseer, etc.), al interferir con el libre desarrollo de la personalidad, derecho protegido en el artículo primero. Sin profundizar en los detalles del proyecto, resalta que puso en el centro a los derechos de los usuarios, más allá de los costos-beneficios, que es sobre lo que suelen cimentarse las discusiones sobre política de drogas.
Esta interpretación de inconstitucionalidad de la prohibición de la cannabis que hizo el máximo órgano del poder Judicial en México, llevó al Ejecutivo y el Legislativo, cada uno por su parte, a organizar foros públicos de discusión en relación al tema. En las conclusiones de ambos foros se reconoció la necesidad de descriminalizar el uso personal y regular el medicinal, aunque poco o nada se habló de la posibilidad del cultivo.
A la coyuntura se sumó la participación –más forzada que voluntaria– que el presidente Peña tuvo en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) sobre drogas en abril de 2016, foro multilateral que solicitaron los gobiernos de Colombia, Guatemala y México. A pesar de ser representante de uno de los países solicitantes, Peña anunció días antes del foro que no asistiría, lo que produjo críticas en medios nacionales e internacionales que presionaron al presidente y terminó no solamente asistiendo, sino que además regresó con una propuesta de reforma de ley en materia de cannabis.
La iniciativa del presidente presentada el 21 de abril de 2016 en el Senado de la República proponía regular aspectos relacionados con el uso medicinal, la investigación científica, y, en cuanto al uso personal, aumentar el umbral de posesión en la ley de 5 a 28 gramos. Más importante aun, planteaba despenalizar la posesión, lo cual representaba la descriminalización efectiva de los usuarios. A pesar de que la propuesta del Ejecutivo Federal básicamente ignoraba el tema de la inconstitucionalidad a resolver planteado por la SCJN, sí contenía elementos destacables que pudieron representar un avance real más que simbólico.
En el dictamen elaborado en el Senado a partir de la iniciativa, se erradicaron los apartados que aumentaban el umbral de tolerancia de 5 a 28 gramos y despenalizaban la posesión; la oportunidad de una reforma que descriminalizara a los usuarios se perdió en la cámara alta. Cabe señalar que durante el tiempo que la iniciativa estuvo en el Senado se consolidó una red de organizaciones y activistas llamada Movimiento Cannábico Mexicano (MCM), que realizó cabildeo a favor de la reforma y otras actividades: un foro sobre la terapéutica del cáñamo no psicoactivo y una exposición de una semana sobre los usos del cáñamo industrial. El pleno votó a favor en lo general en diciembre de 2016 y enviaron la minuta a la cámara baja.
Durante las discusiones en San Lázaro, la propuesta también encontró sus resistencias; el panista Elías Íñiguez, Presidente de la Comisión de Salud, apoyado por su grupo parlamentario, intentó introducir un artículo transitorio en el que se impedía la producción nacional, contemplada en la minuta sólo para fines medicinales y científicos. Ahí entró el cabildeo de algunos actores estratégicos, entre ellos algunos del MCM, que lograron evitar se incorporara esto al documento. Los diputados del PAN propusieron estas reservas, pero no fueron aprobadas y el dictamen fue votado a favor tal cual llegó del Senado.
En resumen, dos amparos judiciales, uno sobre la accesibilidad a medicina con base en cannabis y otro en el que se reconocieron los derechos constitucionales de los usuarios de cannabis en México para realizar las actividades asociadas al consumo con fines personales, terminaron en una reforma legislativa casi invisible del uso medicinal y la investigación científica, cuya regulación queda en manos de instituciones que han sido tradicionalmente conservadoras en la materia (Secretaria de Salud, COFEPRIS), que no satisface ni a los partidarios de la prohibición de la planta ni a quienes defendemos su regulación. Desde la trinchera de la reforma, puede decirse que queda mucha tarea por delante.
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