El pasado lunes 2 de enero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron a la maestra Norma Piña como nueva Ministra Presidente de la SCJN.

La ministra Piña no era favorita para ser elegida. Distintos medios y opinadores políticos auguraban ganadora a la ministra Yazmín Esquivel, pero semanas antes de la elección fue denunciada públicamente por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura como abogada por la UNAM y, después de un escándalo político, no fue elegida. En su lugar, Piña fue elegida como la Ministra Presidente.

Más allá del contexto de la elección, cabe preguntarse: ¿la ministra Piña podría ayudar a los usuarios de cannabis a ejercer sus derechos reconocidos por la SCJN? La pregunta tiene antecedentes.

La ministra Piña fue quien realizó el proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) 1/2018 con que se invalidó la prohibición absoluta de la marihuana; esto después de cinco fallos de la Primera Sala de la SCJN en los que señaló la inconstitucionalidad de 5 artículos de la LGS que afectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los usuarios de marihuana y de un plazo de 2 años (incluyendo prórrogas) en que el poder legislativo no acató el exhorto de la misma SCJN de armonizar la LGS con la Constitución.

Se puede deducir que la ministra Piña tiene empatía con los derechos de los usuarios de marihuana. En la presentación del proyecto de DGI, el 28 de junio del 2021, respaldó ante el pleno de la Corte lo dictaminado por la primera sala de la misma SCJN en los fallos previos: 

“[La prohibición de la marihuana] provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, previsto en el artículo 1º de la Constitución, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana y THC, que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado a ese derecho fundamental. Y la prohibición absoluta, además, ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza tal medida”.

En sentido contrario, la ministra Esquivel votó en contra del proyecto de DGI. Ya solo por esto, la elección de Piña parece favorable o, cuando menos, no contrario a nuestros derechos como usuarios.

Después de la DGI 
A partir de esta histórica DGI, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, debería autorizar el cultivo, la cosecha, la preparación, la posesión y el transporte de mariguana con fines personales a las personas adultas que lo soliciten, en el entendido de que dicha autorización podrá incluir el comercio ni la distribución de mariguana. Sin embargo, esto no ha sido así, la Cofepris continúa sin autorizar todas las solicitudes recibidas; según distintas organizaciones activistas, es frecuente que ponga trabas y tarde en responder a las solicitudes.

Por su parte, el poder legislativo se mantiene sin legislar en la materia, y no se ve para cuando -¡sí!, incluso después de haber incumplido los tiempos de la corte-, lo que permite que diversas autoridades de todos los niveles continúen sancionando a los usuarios de marihuana.

Es decir, ni el poder legislativo ni el ejecutivo han acatado la resolución de la máxima instancia del poder judicial -el tercero de los poderes que conforman la República. 

En este panorama de desacato, la ministra Piña, ahora como Ministra Presidente, ¿puede ayudar a los usuarios a ejercer sus derechos? -me refiero a todos los usuarios, no solo a quienes cuenten con autorización de Cofepris-; en otras palabras, ¿podría hacer algo para que la SCJN obligue a los poderes legislativo y ejecutivo a implementar leyes y políticas que favorezcan a todos los usuarios de marihuana?

Al parecer no. La SCJN no cuenta con mecanismos para obligar al poder legislativo a legislar; esto ya lo hemos observado durante el tiempo tomado por el Senado, la SCJN se limitó a darle prórrogas sin pedirle a cambio garantía alguna. Ante la permanencia de la discusión sin conclusión en el legislativo, no vemos cómo la Ministra Presidente pueda hacer algo, aunque quisiéramos que tuviera un as bajo la manga.

Por otra parte, y dado que la SCJN es el único poder que ha reconocido nuestros derechos, ¿podemos los usuarios hacer algo para que la SCJN obligue a los otros poderes a respetar los derechos de los usuarios?, más aún, considerando la empatía que pueda tener la nueva Presidente con nuestros derechos. La respuesta es obvia, a nivel individual debemos insistir en exigir nuestros derechos, entre ellos que se nos otorgue autorización de autoconsumo y que ésta sea respetada por todas las autoridades, y a nivel colectivo debemos insistir en que el legislativo legisle con base en los derechos reconocidos por la SCJN.

 

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