La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el programa “Mochila Segura” ya que no cuenta con sustento legal y podría implicar una vulneración de los derechos a la privacidad e intimidad de los estudiantes. Sin embargo, se considera que, bajo condiciones especiales, aún es factible para autoridades escolares hacer una revisión de los objetos personales de alguno de sus estudiantes.
El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que fue avalado por unanimidad, considera que: “El programa u operativo conocido como ‘Mochila Segura’, se viene implementando sin sustento legal alguno, y no solo al arbitrio de las respectivas autoridades educativas, sino también, de las propias autoridades de cada plantel educativo, ante la ausencia de reglas claras y formales que normen la posibilidad y contenido de dichos procedimientos”.
Esta sentencia beneficia únicamente a un niño y dos niñas de una escuela del Estado de México, pero se espera que la discusión sobre el tema continúe.
Este programa se implementó en la Ciudad de México a partir de 2001, cuando un adolescente de 14 años se suicidó con un arma de fuego en su escuela. A partir de entonces los estudiantes eran sujetos a inspecciones en búsquedas de armas de fuego, pero también de sustancias psicoactivas.
Como hemos escrito en el pasado este tipo de prácticas vienen seguidas de una acción punitiva por parte de la institución. Éstas pueden ir desde un llamado de atención a los padres o tutores (cuando el consumidor es menor), hasta la suspensión temporal o definitiva del alumno. Acciones como estas son contrarias a las nuevas tendencias en política de drogas, las cuales proponen enfoques más humanos y compasivos.
Esto, porque la segregación y estigmatización que se produce cuando el o la joven es expulsado, puede remarcar los factores sociales que incrementan el riesgo de un consumo problemático.
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En 2017 la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia interpuso un amparo al considerar que el programa violenta los derechos a la educación.
El proyecto también señala que el programa carece de “sustento legal y regulación específica desarrollada en un marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Lo anterior “implica la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de los educandos, ya que la intervención y modulación de dichos derechos y sus garantías, sólo podrá ocurrir a partir de una Ley, cuya ausencia en el caso, vulnera el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica”.
En pocas palabras, considera que estos programas se aplican de manera arbitraria.
Con información de milenio.com y politico.mx