La aprobación de la ley federal ‘Continuing Appropriations, Agriculture, Legislative Branch, Military Construction and Veterans Affairs, and Extensions Act, 2026’ (ley H.R. 5371), impulsada por Mitch McConnell, senador de Kentucky, redefine el cáñamo y limita sus usos, lo que tendrá consecuencias en los mercados de derivados cannábicos -como el Delta 8 y el CBD.

El impulsor de la ley justificó que ésta cierra un “resquicio no intencional” en la Farm Bill de 2018, que permitió el auge del delta-8 y otros compuestos psicoactivos derivados del cáñamo.

A decir de Francisco Thoumi, este cambio, que entrará en vigor en noviembre de 2026, “podría transformar –e incluso desmantelar– gran parte del mercado actual de cannabidiol (el compuesto conocido como CBD), de cannabinoides menores (compuestos de la planta en concentraciones bajas) y de productos derivados del cáñamo como fibras”.

Según el especialista, este cambio responde principalmente a tres motivaciones: 1) la preocupación por la seguridad y la salud pública ante incidentes adversos y productos mal etiquetados detectados por la Administración Federal de Drogas (FDA) y el Centro de Control de Enfermedades (CDC); 2) la presión de la industria del cannabis recreativo regulado que busca protegerse de la competencia del cáñamo psicoactivo; y 3) el impulso de sectores políticos conservadores que pretenden restringir el acceso a sustancias psicoactivas.

¿Cuál es el cambio en la ley?

La ley HR 5371 introduce una redefinición sustantiva del concepto de cáñamo y del marco regulatorio de los cannabinoides en EE.UU., la cual es relevante para el uso y la clasificación del cáñamo (hemp, en inglés).

“El término ‘cáñamo’ significa la planta Cannabis sativa L. y cualquier parte de esa planta, incluidas sus semillas y todos sus derivados, extractos, cannabinoides, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, ya sea que estén creciendo o no; siempre que la concentración total de tetrahidrocannabinol (THC, el compuesto psicoactivo del cannabis) de dicha planta, parte, derivado, extracto, cannabinoide, isómero, ácido, sal o sal de isómero no supere el 0,3 por ciento en términos de peso seco”.

Esta definición limita el alcance de lo que queda definido como hemp, lo que dejaría fuera productos de THC que operaban en una zona gris –como el delta-8 y otros isómeros– bajo el paraguas del cáñamo legal.

La ley HR 5371 también incorpora un artículo relativo a los productos derivados del cáñamo que contengan cannabinoides destinados al uso humano o animal (por ingestión, inhalación, tópico, etc.). Entre los aspectos más relevantes:

– Se definen los “hemp-derived cannabinoid product” (producto de cannabinoides derivados del cáñamo) como cualquier producto intermedio o acabado derivado del cáñamo que contenga uno o más cannabinoides –excepto los medicamentos aprobados por la FDA– y esté diseñado para consumo humano o animal.

– Se prohíben los productos que contienen cannabinoides no producidos de forma natural en la planta Cannabis sativa L. o que hayan sido sintetizados o fabricados fuera de la planta.

– Se fija un límite máximo de 0.4 miligramos de THC –y cannabinoides con efectos similares– por envase (contenedor) del producto final para el consumidor.

La nueva regulación federal del cáñamo en EE.UU. marca un punto de inflexión global. Aunque su objetivo declarado es controlar productos psicoactivos no regulados, su impacto real será mucho más amplio, afectando a productores de CBD, agricultores y empresas. 

Además, la medida podría provocar un aumento de los precios y una contracción del mercado regulado, lo que incentivaría a los consumidores a recurrir al mercado negro. Y los agricultores podrían verse especialmente perjudicados por la pérdida de canales de comercialización, lo que pondría en riesgo su sostenibilidad económica; lo que conlleva el riesgo de que grandes farmacéuticas o conglomerados acaparen el sector, favoreciendo la monopolización y limitando las oportunidades de los pequeños emprendedores.

En una columna para El Tiempo (El golpe que sacude al cannabis medicinal en todo el mundo tras una nueva legislación de EE. UU.), el también exintegrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, avizora que la próxima década definirá si el cáñamo en Estados Unidos se transforma en un mercado altamente regulado y farmacéutico o si la presión de los consumidores y los estados obliga a flexibilizar el umbral de THC. Pero es seguro que el impacto será internacional y que los países que desarrollen políticas de innovación, trazabilidad y diferenciación regulatoria tendrán ventaja en la nueva geopolítica del cannabis.