Por años los gobiernos capitalinos han dibujado el imaginario de una ciudad de libertades, donde se legisla a favor de grupos vulnerables y minorías, y se concretan acciones que permiten el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, estas libertades no han llegado a todas las personas ni comunidades que habitan esta ciudad, es el caso de los usuarios de cannabis.
Por ello, aprovechando la coyuntura electoral de este año, desde La Dosis hacemos 3 propuestas para la candidata ganadora a jefe de gobierno de la capital -pero también para gobernantes locales y municipales que buscan alternativas a la política de guerra contra las drogas-. A sabiendas de que no pueden cambiar los delitos contra la salud, por ser estas un asunto federal, pero que deben respetar los derechos de los usuarios -reconocidos por la Suprema Corte en 3 ocasiones-, lo cual es posible con base en las leyes locales. Estas propuestas son las siguientes:
Reducción de daños como política de salud
La reducción de daños es una política de salud que crece día a día en países democráticos donde se ha superado que ayudar a los usuarios de drogas con información es mejor que perseguirlos o tratarlos de forma involuntaria, como se hace en México.
El artículo 27 de la Ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas de la Ciudad de México señala que la reducción del daño debe ser una línea principal de las políticas del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), sin embargo hasta ahora ha quedado en letra muerta; por lo que aplicar una política de reducción de daños no solo es una gran oportunidad para implementar acciones acordes al respeto de los derechos de los usuarios de mariguana, sino que para ello ni siquiera es necesario hacer ningún cambio en la ley.
Este política sería de enorme conveniencia. Considerando que solo 9% de los consumidores habituales de mariguana generan dependencia, el 91% de los usuarios de cannabis no requerirían tratamientos con fines de abstinencia, sino servicios de reducción de daños. En otras palabras, al día de hoy, 9 de cada 10 usuarios capitalinos son vulnerados en su derecho a la salud por parte del IAPA, y es que al no ofrecerles servicios que disminuyan los riesgos a su salud -como son las adicciones-, prácticamente dejan a su suerte la salud de cientos de miles de capitalinos.
Descriminalización efectiva de los usuarios de mariguana
Si se descriminaliza la mariguana de forma efectiva habría un mejor uso de la fuerza policial, ahora ocupada en perseguir jóvenes que consumen en vía pública -lo cual es una falta administrativa-, y que al revisarlos son encontrados en posesión de mariguana, razón por la cual los detienen y presentan ante el ministerio público.
En la Ciudad de México las detenciones por posesión de drogas continúan ocupando lugares principales entre los delitos por los que se detiene a más presuntos delincuentes. Y, aunque no hay números oficiales de cuántos usuarios de mariguana son detenidos y puestos en libertad, la descriminalización efectiva evitaría el mal uso del tiempo policial y de los ministerios públicos en la persecución de usuarios de mariguana, lo cual generaría un beneficio directo a la seguridad de la sociedad capitalina.
Para esta política tampoco hace falta cambiar las leyes. La ley contra el narcomenudeo, del 2009, involucra a las autoridades locales en los casos de posesión de hasta 5 kilogramos de mariguana. Esto no significa tolerancia al comercio, sino que implica una diferenciación clara entre uso y posesión, la cual evite la extorsión de usuarios por parte de policías corruptos, y respete la Constitución en concordancia con los fallos de la Suprema Corte en relación al uso y posesión de mariguana. Sería ideal eliminar la posesión simple de las conductas tipificadas como delito en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, pero eso es otra historia.
Espacios verdes para el uso de mariguana
Espacios públicos de tolerancia para el uso de mariguana. Estos espacios verdes deberán de conllevar reglas claras, tales como horarios definidos, no venta, tolerancia exclusiva para ciertas drogas -por ejemplo solo cannabis y tabaco-, portación máxima de los 5 gramos establecidos en la ley y la participación de instituciones de salud para que ofrezcan servicio de reducción de daños, entre otros a convenir con los involucrados.
Este tipo de espacios ya se han desarrollado en diversas ciudades del mundo. Esta política de tolerancia suele ser informal y se basa en aspectos prácticos, como la voluntad de las autoridades de no perseguir a las juventudes locales. Una ventaja de tener espacios públicos donde los usuarios puedan fumar marihuana es que en también pueden incluir espacios de información sanitaria en los que colaboren trabajadores sociales y/o especialistas en salud; con lo que solo se generaría una relación con el Estado, la cual suele ser nula o mala para la mayoría de usuarios de drogas.
En CdMx ya existen espacios de tolerancia, un ejemplo conocido es el de Ciudad Universitaria, donde varios espacios son usados por estudiantes y no estudiantes para compartir humos pacíficamente; desafortunadamente, la falta de reglas claras por parte de las autoridades ha facilitado la intromisión de grupos criminales.
Para esta política solo se requeriría cambiar una ley local, la Ley de Cultura Cívica donde se establece que el consumo en espacios públicos es una falta administrativa, el cambio legislativo podría limitarse a señalar que no sería falta administrativa el consumo cuando se realicen en espacios públicos asignados así por el gobierno local o las alcaldías.
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Hasta aquí 3 propuestas cannábicas. Propuestas que pueden implementarse en gobiernos locales y municipales del país, sólo falta voluntad para cumplir con los derechos del más del millón y medio de usuarios en el país.