El pasado 30 de julio se llevó a cabo el foro "Uso de Sustancias, Autocuidado y Salud Pública: ¿Qué dice la evidencia?", celebrado en la Clínica Especializada Condesa, y donde se debatió la necesidad de políticas públicas sobre nicotina basadas en evidencia científica y en el enfoque de reducción de daños, en contraste con el prohibicionismo.

Este foro reunió a destacados especialistas como el Dr. Randall Rodríguez Soando, médico cirujano con especialidad en VIH y coordinador del Comité Directivo de la Red Centroamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios (REDACCA), la Mtra. Marcela Madrazo Reynoso, Presidenta de Procurando Salud Sin Fronteras, el Lic. Luis Manuel Arellano, subdirector de Atención Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA de la CDMX, y fue moderado por el Lic. Aldo Contró, presidente de CE LIBRE.

El Dr. Randall Rodríguez destacó que la reducción de daños es un modelo de atención en salud que “si bien no puede evitar el daño por completo, sí puede reducirlo significativamente”. También señaló que el modelo tradicional, basado en la abstinencia, ha logrado resultados insuficientes, los cuales contrastó con la aplicación en Costa Rica de la Ley Antitabaco de 2012 (ley 9028), que prohíbe fumar en espacios públicos; “el objetivo de esta ley no es que la persona deje de fumar, sino que quienes no fuman no se expongan al humo, reduciendo así el daño a la población”. El experto enfatizó que para una implementación efectiva de la reducción de daños, debe basarse en evidencia científica comprobada y en experiencias internacionales exitosas.

El Dr. Rodríguez abordó la resistencia por parte del gremio médico y narró cómo enfrentó la aplicación del modelo de reducción de daños. Y atribuyó esta resistencia a una formación médica bajo un “modelo tradicional” que históricamente solo ha promovido la abstinencia  sin ofrecer alternativas, a pesar de que esta no ha demostrado ser efectiva.

La realidad en México

La Mtra. Marcela Madrazo resaltó que las políticas públicas en salud deben buscar el bienestar común y tener como objetivo prevenir, contener o erradicar problemas de salud. Resaltó que para la prevención se han tomado medidas como prohibir la publicidad de productos de nicotina en horarios infantiles. También mencionó que para contener el tabaquismo se ha evitado que la gente fume en espacios cerrados, para que quienes no fuman no se expongan al humo.

Se mencionó que en México la prevalencia de fumadores es del 19.6% de la población mayor de 15 años, lo que equivale a casi 17 millones de mexicanos. La Mtra. Madrazo argumentó que para implementar una política pública es necesario un diagnóstico, en el que la participación ciudadana sea clave para saber cuántas personas fuman en el país. Y criticó que en México se hayan dejado de aplicar buenas encuestas, lo que ha generado una falta de datos reales sobre el consumo de tabaco.

Asimismo, Madrazo recalcó la importancia de tener autoridades de “mente abierta”, que sean capaces de analizar la situación sin poner prejuicios de por medio y, sobre todo, que sean capaces de escuchar a los consumidores.

Prohibir no soluciona el problema

Los ponentes coincidieron en que el prohibicionismo nunca ha funcionado. Madrazo citó como ejemplo la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que solo llevó a la proliferación de bares clandestinos y al beneficio del crimen organizado. Además, se destacó que al prohibir un producto, la autoridad reguladora, en esta caso COFEPRIS, “renuncia a sus facultades para verificar la calidad, seguridad y eficacia de esos productos”, lo que genera un riesgo sanitario mayor y el aumento del mercado negro.

La evidencia internacional indica que herramientas de reducción de riesgos como los dispositivos de tabaco calentado y los vapeadores han probado ser efectivos para que la gente deje de fumar y representan un riesgo mucho menor para la salud de la población, al no haber combustión

El foro concluyó en que debe haber un cambio de paradigma, hacia uno que incluya políticas de reducción de daños, basadas en la ciencia y la colaboración, con el fin de proteger la salud pública y garantizar el bienestar de la población.