El próximo 13 de octubre será discutido en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, el proyecto de amparo presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, que tiene como fin acusar penalmente a personas detenidas en posesión de más de cinco gramos de marihuana y que no cuenten con la autorización para dichos fines emitida por la autoridad.
Según esta propuesta que pretende ser una norma, sostiene que es beneficioso para la sociedad limitar las dosis máximas de consumo personal de cannabis. Este proyecto que se discutirá en la corte recalca que la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la prohibición de la mariguana:
"no se realizaba pronunciamiento alguno respecto de la constitucionalidad de los tipos penales que criminalizan el consumo y otros actos relacionados con la marihuana. Ello, atento a que al declararse por parte de este Alto Tribunal la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud antes señaladas y, en consecuencia, permitirle a quien lo solicite recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al efectuar estas actividades, no incurrirá en el delito contra la salud previsto tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal".
Lo contradictorio a este argumento es que diversas organizaciones como los campesinos de Tetecala, que recientemente se acercaron al presidente de México para pedir permiso para la siembra. Además de colectivos como Puebla 420, Colectivo 420 Veracruz y Quintana Roo que se han manifestado a las afueras de las autoridades correspondientes de cada estado, han señalado que al intentar tramitar este permiso se han enfrentado a trabas burocráticas, en específico la falta de disponibilidad de fechas para sacar una cita, y los que han logrado empezar el tramite no cuentan con una fecha de respuesta.