Mañana se discutirá en el pleno del Senado de la República la propuesta de reforma constitucional que propone sancionar “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.
La iniciativa también establece la prohibición de la “profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4º anterior”, en referencia al párrafo anteriormente citado.
Este proyecto, que se originó con una propuesta del expresidente López Obrador presentada en Febrero de este año, busca convertir a México en el primer país del mundo en prohibir desde la constitución el comercio de estos productos y sancionar toda actividad relacionada con ellos, lo cual podría incluir la posesión y el uso.
La semana pasada, la iniciativa fue aprobada por mayoría calificada por el pleno de la Cámara de Diputados, y dada la configuración legislativa que hay -también- en la de Senadores, parece inminente su aprobación en ella y su próxima publicación.
En los días recientes, múltiples especialistas han señalado en diferentes medios los riesgos que representa la futura implementación de esta política, debido a que entregaría al mercado ilegal la totalidad del comercio de estos productos, enriqueciendo a los grupos del crimen organizado, que se aprovecharían de un jugoso y creciente mercado, como sucede con el de las drogas ilegales.
Así mismo, han señalado que se estaría impidiendo a los fumadores tener una alternativa que científicamente ha demostrado reduce los riesgos y daños de manera importante, obligándolos a continuar sus consumos a través de la forma más dañina que existe: la combustión, o bien, forzándolos a adquirir y usar de manera ilegal productos no regulados, sin estándares de calidad ni certezas sobre sus procesos de producción y contenido.
Para exigir una discusión basada en evidencia científica, que permita el diseño de políticas respetuosas de los derechos humanos y las garantías individuales, y que siga los mejores ejemplos regulatorios internacionales que han logrado reducir el humo y las enfermedades relacionadas con él, diversas organizaciones ciudadanas convocan a una manifestación en la sede del Senado a las 10:00 horas en las afueras del Senado de la República.