Siete jóvenes de distintos países de América Latina e integrantes de la red Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas (LPSD), se reunieron para dialogar sobre las condiciones políticas y sociales en las que se encuentran sus países en un contexto azotado por la llamada “Guerra contra las Drogas”. 

A través del ciclo de webinars organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el viernes cinco de junio Juan Camilo Carvajal (Colombia), Liria Morales (Costa Rica), Federico Rosetti (Argentina), Humberto Rotondo (Perú), Marisa Morales (México), Carlos Fontes (Uruguay) y Natalia Clavería (Chile) criticaron la planeación y ejecución de las políticas públicas de los gobiernos en turno.

“En todos los países se tiene una mal llamada ‘lucha contra las drogas’ y este discurso marca la pauta de cómo se van a abordar las drogas en el mundo y en Latinoamérica”, mencionó Juan Camilo Carvajal, representante colombiano, en el inicio de su intervención. 

Sin embargo – apunta - , en Colombia existe un avance progresista ya que desde el 2017, se puede cultivar cannabis medicinal y actualmente se está discutiendo su regulación tanto medicinal como recreativa. 

A diferencia del contexto colombiano, Argentina no tiene las mismas condiciones, pues a pesar de tener amparo con la Ley de Salud Mental (2010) y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (2014), todavía no se reforma la Ley de Estupefacientes, la cual rige la normatividad de drogas argentina desde 1989, así lo explicó Federico Rosetti, psicólogo y activista con enfoque en salud mental. 

Dicha ley definida por Rosetti como neoliberal, punitiva, restrictiva y persecutoria de los y las consumidoras, fue estipulada por el gobierno de Carlos Menem y, a pesar que desde el 2012 hubo ocho proyectos de reforma y actualmente existen más de 25, hoy día se gastan 40 millones de dólares al año en perseguir a consumidoras, de acuerdo a un informe realizado por RESET- Política de Drogas y Derechos Humanos. 

En el caso peruano, el panorama resulta más desesperanzador. Según Humberto Rotondo, el enfoque en las políticas tienen como objetivo la reducción de la oferta y la demanda así como la abstinencia total del consumo, promovido a partir de información limitada a los peligros de las drogas y sesgada al omitir información valiosa que podría reducir riesgos y daños en la población consumidora.

Al dar seguimiento al enfoque gubernamental, las estadísticas indican que los programas fallaron en sus objetivos dado que el consumo de las tres sustancias más demandadas (marihuana, cocaína y pasta básica) aumentó, lo mismo que las personas detenidas por tráfico y consumo ilícito. 

Si bien en Uruguay la regularización del cannabis se estipuló desde el 2013, Carlos Fontes, licenciado en Ciencias Económicas, resaltó que aún falta mucho por hacer, ya que se tienen tres vías de acceso: autocultivo, clubs cannábicos y consumo medicinal, todas excluyentes entre sí, “si te registras en uno, no puedes hacerlo en otro”, aclaró. 

Uno de los problemas más importantes que restan por atender, es que el límite de edad para adquirir alguna licencia es de 18 años en adelante, por lo que muchos jóvenes menores acceden por métodos no regulados, con todos los riesgos que eso implica.  

El caso de Costa Rica es particular. El primero de mayo, en el informe anual gubernamental, Carlos Alvarado Quesada, presidente actual, informó que el cáñamo industrial podría ser una fuente económica para la nación; ante la declaración, Liria Morales, antropóloga y activista, criticó fuertemente la propuesta. 

“Ponerlo en el ojo público ya es un avance, pero el problema son los resultados y el enfoque que se tendrían”. La principal preocupación es el impulso del cáñamo industrial bajo un modelo extractivista, tal como pasó con el cultivo de piña y palma africana. Una licencia para su cultivo costaría alrededor de 300 mil dólares. ¿Quiénes van a poder cultivar? 

A pesar del ambiente prohibicionista en el que se desarrollan las políticas de drogas en el continente latinoamericano (a excepción de Uruguay), la principal apuesta de LPSD es la educación y la información con enfoque en reducción de daños y riesgos. 

“Muchas veces se cree y se entiende que la reducción de riesgos y daños (…) es una apología del consumo y no hay nada más alejado de la realidad que eso. La reducción tiene un papel fundamental y es enseñarles a las personas a que tomen mejores decisiones. 

“Siempre la premisa más importante es no consumir. Si tú no consumes te evitas todos los riesgos y todos los daños asociados al consumo de sustancias; pero si a pesar de lo que sea, tomaste la decisión de hacerlo, por lo menos hazlo de manera responsable, consciente y madura, que no ponga en riesgo tu salud y la de las personas que te rodean”, mencionó Juan Camilo Carvajal. 

Por otro lado, Federico Rosetti, en el segmento dedicado a resolver preguntas de la audiencia, dijo que “en términos generales, la reducción de daños es información y la información tiene que ser neutral, no puede ser ni apología ni demonización (…). No podemos poner todo en la misma bolsa, no es lo mismo los psicodélicos que los estimulantes o los depresores”. En ese sentido, la palabra la tiene que tener el conocimiento empírico y la evidencia científica, concluyó. 

Los y las participantes, concluyeron en la necesidad de hacer redes cada vez más grandes para abordar un problema transnacional que atraviesa a todos los países latinoamericanos desde sus diferentes contextos. 

Para lo anterior es importante entender y reivindicar la libertad de las personas para decidir sobre su vida de la mejor manera, entendiendo simultáneamente la responsabilidad que conlleva: “todes podemos ser transformadores actives de la realidad”.