Desde su campaña electoral, el discurso del hoy presidente de la república Andrés Manuel López Obrador prometía alcanzar la paz en el país. Para ello se anunciaron, entre otras tantas, dos estrategias: la retirada de militares a sus cuarteles y un cambio de perspectiva en las políticas de drogas. 

Ahora, poco más de medio año después de la entrada de su gobierno, el camino luce un tanto truculento.  

Por un lado, los usuarios contamos con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoce el consumo de cannabis como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que obliga al Congreso a regular dicho consumo. Y si bien a principios de año se especulaba que ésta legislación quedaría lista dentro del periodo ordinario de la primer parte del año, ahora se asegura que la fecha fatal es octubre.

Por otro lado, la detención a usuarios continúa. La misma Corte falló en meses pasados por no declarar inconstitucional la detención por portación simple de marihuana. Luego, la recién emitida Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla como “infracción contra la seguridad ciudadana el consumo de sustancias en vía pública. 

En medio de este panorama es que entra en funciones la Guardia Nacional, un cuerpo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Tiene alguna implicación esto para los derechos de los consumidores de drogas?  

En entrevista para La Dosis, Jorge Herrera Valderrabano, integrante de Instituto Ria y miembro de la coalición #RegulaciónPorLaPaz, nos ayuda a aclarar el panorama:

“Con el nuevo gobierno se dan dos procesos: uno la posibilidad de regular el cannabis y la amapola como una forma de avanzar hacia la construcción de paz y con un discurso de reconciliación. Pero también con una política basada en la militarización de la seguridad pública, también en nombre de “terminar con la guerra”" aseguró Herrera Valderrabano. 

Una pregunta que plantea es “¿cuál va a ser la lógica de la Guardia Nacional frente a las comunidades que cultivan cannabis una vez esto se regule?”. 

En su discurso del domingo pasado, López Obrador señaló que “la Guardia Nacional estará en 150 regiones del país, que va a cubrir una primera etapa todo el territorio nacional con 70 mil elementos y poco a poco va a ir creciendo porque vamos a cubrir 266 regiones con 150 mil elementos”.

Y aunque en un principio se precisó que ésta no actuaría dentro de la capital, eventualmente se dio a conocer por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que sí habrá presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan.

Lo que consterna son las facultades con las cuales podrían injerir en la vida de los usuarios, algunas son:

  • Funciones ministeriales, de investigación y prevención. 
  • Atender delitos del fuero común (como robo u homicidios) cuando un entidad o municipio así lo requiera y se firme el convenio correspondiente.
  • Realizar detenciones en flagrancias o cumplir órdenes de aprehensión a petición del Ministerio Público.
  • Cumplir órdenes ministeriales y judiciales, ya sea de inspección, cateo o hasta intervención de comunicaciones privadas.

Además, la CDMX también está estrenando una Ley de Cultura Cívica, la cual señala en su artículo 28 sección V: 

- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas;

(...) se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Algo que Jorge Herrera señala como dentro del paradigma que criminaliza a los usuarios. A su parecer, la Guardia Nacional no necesariamente debe “estar peleado” con la regulación de sustancias.

“Es momento de distinguir las políticas de seguridad de las políticas de drogas (...) buscar la forma en que medidas como la Guardia Nacional, que ya está aquí, nos va a ayudar a asegurar la implementación de la regulación de cannabis, en vez de perjudicarnos o continuar con los ciclos de violencia. La guardia ya está ahí, no podemos hacer nada, sólo reducir los riesgos.”

Algo, que es posible, comenta hacia el final de la entrevista, es implementar una política de prioridad cero. Entonces, cada estado y cada alcaldía decide cuánto dinero usa para perseguir delitos de bajo impacto. En este caso sería posesión por arriba de las cantidades permitidas, consumo, transporte.

“Básicamente estaría diciendo: estos delitos siguen siendo ilegales, pero no vamos a dar dinero para que se persigan. Vamos a canalizar esos recursos de mejor manera. Es relativamente sencillo, ni siquiera tiene que “venir de arriba”, puede empezar desde los congresos locales”, finaliza.