Apenas unos días después de anunciar los nuevos espacios de consumo tolerado, el Gobierno de la Ciudad de México ha modificado los acuerdos establecidos con los colectivos “Comuna 420” e “Hijas de la Cannabis”, generando preocupación entre los consumidores por la estabilidad y permanencia de los espacios de consumo.
El viernes 22 de agosto de 2025, integrantes de “Comuna 420” instalados en la glorieta Violeta denunciaron que autoridades capitalinas redujeron de manera unilateral el espacio que se les había asignado, restringiendo el uso de una franja de cinco metros en la glorieta para su supuesto uso como paso peatonal. Los activistas señalaron que la acción se realizó sin previo aviso y de manera hostil, incluso dañando carpas durante la intervención, lo que contradice los acuerdos alcanzados meses atrás y vulnera la seguridad de quienes participan en el espacio.
Días antes, el domingo 17, el colectivo “Hijas de la Cannabis” fue reubicado en la Plaza Tlaxcoaque tras la presión de vecinos de la Plaza de la Concepción, quienes se manifestaron inconformes por la cercanía del espacio de consumo a escuelas de nivel básico e hicieron denuncias por supuesta inseguridad en la zona. Aunque las integrantes reconocieron que la nueva ubicación ofrece mejores condiciones porque no hay viviendas alrededor y es menos conflictiva, advirtieron que el cambio se dio más por la presión social que por un compromiso sólido del gobierno capitalino con la regulación del consumo en espacios públicos. Ambos sucesos evidencian la fragilidad de los acuerdos alcanzados con el gobierno.
A esto se suma la falta de seguridad en los espacios, pese al compromiso del gobierno de brindarla. Varios usuarios han señalado que personas ajenas aprovechan los puntos para “vender cannabis”, a pesar de que está prohibido. Autoridades locales, encabezadas por el secretario de gobierno, han advertido que la tolerancia hacia estos espacios dependerá del respeto a las reglas, pero activistas sostienen que la vigilancia es insuficiente y que cada modificación en las condiciones pactadas debilitan la confianza entre las partes.
Así, mientras los colectivos buscan garantizar lugares seguros y libres de criminalización, la postura del gobierno capitalino parece balancearse entre el cumplimiento o no de los acuerdos. Y lo único que permanece es la duda sobre sí estos espacios de consumo sobrevivirán como símbolo de resistencia y organización ciudadana, o si pronto quedarán reducidos a un recuerdo más de acuerdos rotos.