La primera sala de consumo seguro de heroína en latinoamérica, ubicada en Mexicali, Baja California, fue cerrada por las autoridades municipales bajo la razón de “no contar con los permisos correspondientes”. A esto, diversas organizaciones y activistas llamaron a que “se asuma como prioridad la atención en [materia de salud] a las personas que se inyectan drogas”.
A través de un comunicado, se expresa que esto se da a causa de un “desconocimiento de cómo opera el espacio clausurado y de las necesidades de salud que enfrenta la población”. En primer lugar, aseguran que “no se comercializan drogas y tampoco se promueve su uso”, sino que “es en realidad un centro comunitario de atención a mujeres que tienen dependencia al uso inyectado de drogas y no cuentan con un espacio seguro donde hacerlo”.
Este tipo de estrategias ha mostrado ser efectivas en la reducción de sobredosis fatales y el contagio de enfermedades como el VIH. Resaltan la importancia de esto ya que el Estado no brinda ninguna alternativa a estas personas, y eso “aumenta no sólo su vulnerabilidad social y la de sus familias, sino que afecta negativamente sus condiciones de salud.”
Los papeles que les solicitaron fueron el permiso de construcción y la licencia de uso de suelo, los cuales estaban en poder de la dueña del lugar, por lo que únicamente fue posible mostrar a las autoridades un contrato de arrendamiento. Esto de acuerdo con la asociación civil Verter, quienes manejaban el sitio, en una entrevista que dieron a El Universal.
“Es algo grave, porque parece ser una orden del ayuntamiento o por el gobierno del Estado. No sabemos”, comentó Said Slim, coordinador del programa en Verter A.C. También aseguran que buscarán completar los trámites necesarios para operar de nuevo y en forma.