Por: Jorge Hernández Tinajero

Mientras escribo este artículo, en la Cámara de Diputados aún no se lleva a cabo la discusión de la iniciativa de mariguana medicinal que fue enviada por el Senado de la República a fines del año pasado, y hay muchas probabilidades de que nuevamente se aplace cualquier decisión sobre ella; ya que, por lo que se aprecia en el panorama, no parece haber mucha emoción -o apuro- entre nuestros diputados, para abordar la discusión de cualquier eventual regulación -así sea mínima- de la planta amiga.

Se acercan tiempos de elecciones en México y nuestros representantes populares -los que ya lo son y los que quieren ser- concentran toda su energía en lo que les es verdaderamente importante: su propia supervivencia electoral. Para ellos -así lo han expresado no pocos- el tema de la cannabis “no es prioritario”, es complicado de entender y no les da renta ninguna de votos; en cambio, los expone a ser mal vistos por una sociedad que suponen demasiado conservadora aún. Así que para ellos nuestros derechos pueden esperar, “porque el país no está preparado”.

Por otro lado, sin embargo, la única propuesta legislativa sobre cannabis que ha sido discutida en México -la del Presidente Peña, insulsa de origen y descafeinada aún más por el Senado-, no resuelve ni uno solo de los problemas causados directamente por el sistema de control actual, no descriminaliza ni contempla ningún método de producción lícito, y reduce su potencial terapéutico a productos importados y sin THC.

Pero tal vez lo más grave no es lo que sucede con los oponentes a la reforma, sino también lo que pasa en el propio movimiento por la regulación de cannabis, que pareciera dispuesto a conformarse con que la iniciativa fuera aprobada tal y como está, porque representaría una “victoria simbólica”. No estoy tan seguro de ello. El hecho mismo de la existencia de más de una docena de iniciativas sobre cannabis desde el año de 2009, habla por sí mismo de cómo lo que era un tema tabú en el país hace apenas 10 años, ha ido colándose -muy a pesar de muchos- en nuestra vida pública y política. La iniciativa que ahora tendría que ser discutida en la Cámara de Diputados, en este sentido, es una más entre ellas… y no precisamente la mejor. Aprobarla tal y como se encuentra ahora también constituye un riesgo grande para lograr mejores y futuras regulaciones: garantiza que algo cambie… para que nada más lo haga, al menos en el corto plazo.

Así las cosas ¿qué conviene? Muy probablemente, lo mejor sería que, antes de obtener una victoria pírrica, la reforma legislativa del cannabis fuera discutida nuevamente después de las elecciones. Para entonces, ambas cámaras serían renovadas y si bien nada garantiza que los nuevos representantes sean más sensibles, lo cierto es que parece difícil que sean más conservadores que los actuales.

Es importante considerar, en este sentido, que la revolución del cannabis que estamos empezando a presenciar no se limita a sus aspectos legislativos. Por el contrario, la experiencia nos ha demostrado que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cambio imparable en Estados Unidos y otras partes del mundo, así como el inocultable resquebrajamiento de los instrumentos internacionales más restrictivos, han ido contribuyendo a normalizar la presencia de la planta entre nuestra sociedad de una manera notablemente acelerada: en 2 años, por ejemplo, la aceptación pública para la regulación de mariguana con fines terapéuticos alcanzó cerca del 80% entre los mexicanos, y la regulación para fines privados ha pasado de 7% a cerca de 28%.

¿Qué indican éstas cifras? Simplemente, que los últimos en enterarse de la realidad son los políticos; y entre ellos, muy especialmente, el grueso de los legisladores. Prueba de ello la tuve de primera mano cuando recién tuvo lugar la sentencia de la SCJN, algunos acudimos a reuniones con distintos grupos parlamentarios a nivel federal, y con independencia de la filiación partidista, la mayor parte de ellos se mostraba indignada porque “la Corte no los había consultado”…

El Movimiento Cannábico Mexicano (MCM) pidió formalmente, hace pocos días, una audiencia con las instancias legislativas de la Cámara de Diputados encargadas de la discusión parlamentaria de la iniciativa presidencial modificada por el Senado. Básicamente, hicimos saber que seguimos con atención el proceso, y que consideramos que la iniciativa puede y debe ser mejorada en esa instancia. Ya veremos qué responden nuestros legisladores.

¿Qué tendríamos que hacer los usuarios, en caso de que nos volvieran a ignorar? Simplemente, mantener el tema en la opinión pública, seguir demostrando que los usuarios somos responsables con nosotros mismos y con los demás, y lo más importante: ejercer nuestros derechos como la mejor forma de resistencia y de reclamo social; exigir nuestro derecho al cultivo, a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, en los mismos términos en los que la Corte estableció. Ahí los legisladores se topan de frente con nuestros derechos, y si los actuales no quieren asumir su responsabilidad para tutelarlos legalmente, los que vengan después de la elección tendrán que asumir las responsabilidades que han sido evadidas por la mayoría de nuestras fuerzas políticas.