
La Cámara de Diputados aplazó para el próximo martes la discusión de la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en su totalidad la distribución y venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores.
La reforma contempla sanciones que van de 1 a 8 años de prisión, hasta multas que pueden superar los 200 mil pesos para quienes participen en la comercialización, fabricación, importación, exportación, venta, y uso de estos dispositivos; lo cual justifica en el “riesgo sanitario” que representan y su expansión en el mercado negro.
¿Qué se propone?
La iniciativa advierte que la venta de estos aparatos, muchos de ellos importados de manera irregular, ha ido en aumento impulsada por campañas que los presentan como herramientas para dejar de fumar; y que, pese a la percepción de que los vapeadores son una alternativa más segura para los consumidores de tabaco, estos contienen “una mezcla compleja de sustancias químicas, incluidos metales pesados con un gran potencial para dañar la salud”.
El documento señala que desde se prohibió la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en 2022, en México se disparó su contrabando y venta clandestina. La comisión de salud asegura que la regulación se volvió insuficiente y que solo una prohibición absoluta frenará su distribución. Por ello, propone sancionar con prisión y multas de entre 11,314 y 226,280 pesos a quienes violen la prohibición, incluidas personas que porten o compren estos dispositivos.
Voces a favor
La iniciativa es respaldada por Morena y el Partido Verde. El diputado José Armando Fernández de Morena defendió que las sanciones están dirigidas principalmente contra los distribuidores y vendedores; “estamos construyendo un sistema de salud eficiente, que pueda atacar estas enfermedades de las y los mexicanos”, apuntó. Con el margen que posee la 4T para lograr la mayoría calificada necesaria, se espera que el dictamen sea aprobado la póxima semana y pase al Senado.
Voces a favor, pero no en todo
Por su parte, la diputada Amancay González Franco (MC) señaló a La Jornada que el dictamen no prohíbe la comercialización de los calentadores de tabaco que, expuso, según la OMS son más dañinos para la salud, que los mismos vapeadores que se busca prohibir. “Hoy la justificación es que el aerosol que producen los vapeadores contienen menos químicos que el humo que producen los calentadores de tabaco”, dijo.
La reforma, agregó la diputada, prohíbe los vapeadores y regula dispositivos electrónicos de nicotina, pero deja fuera a los calentadores de tabaco, categoría controlada en México por la tabacalera Philip Morris. Y resaltó que, tal como está redactada la ley, los jóvenes que adquieran cigarrillos electrónicos podrían ser sancionados con prisión, mientras que la posesión de dosis personales de cocaína o metanfetamina no implica cárcel. “Será más peligroso comprar un vape que traficar droga”, resaltó.
Y adelantó que, si bien está en favor de prohibir la venta y publicidad de vapeadores por sus riesgos para la salud, no se puede criminalizar a los jóvenes, por lo que presentará una reserva para que se suprima esa medida.
Voces en contra
Para la oposición -y parte del PT-, la reforma criminaliza a los consumidores. Algunos diputados han advertido de que la prohibición podría producir el efecto contrario, reforzando el mercado negro y dejando a los consumidores sin información verificable sobre lo que están consumiendo. “La prohibición criminaliza a los consumidores y le regala un nuevo mercado al crimen organizado. Este es uno de los dictámenes más punitivos que han pasado por aquí” dijo Juan Ignacio Zavala (MC). Incluso hay dudas dentro del PT sobre las consecuencias penales por el uso o compra, por lo que pidieron revisar el impacto.
La iniciativa también incluye disposiciones para combatir el tráfico de precursores químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo, así como nuevas reglas para el control de sustancias peligrosas y fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos; combinación que también ha sido criticada por la oposición, que ha señalado que el documento “empaqueta” temas sin relación entre sí para acelerar la aprobación.
¿Y qué siginifica para los usaurios de cannabis?
Esta iniciativa pone en riesgo para los usaurios de vapeadores de THC, ya que su uso puede llevar a ser detenidos y extorsionados por la policía o sancionados penalmente por fiscales y jueces.
Con información de La Jornada y El país