La semana pasada leí una noticia que me sorprendió. La exministra Olga Sánchez Cordero, designada por el Presidente electo como futura Secretaria de gobernación, habló de algunas de las políticas de seguridad y justicia que pretende implementar el próximo gobierno federal, durante la inauguración del Foro Forbes 2018: Camino a la transición.
Entre éstas políticas, la exministra mencionó la amnistía y señaló tres poblaciones a las que iría dirigida, las tres vinculadas a la política de drogas: campesinos que cultivan, mujeres que trasiegan y ¡¡100 mil jóvenes presos por posesión de mariguana!!
¡Impresionante! Nunca había escuchado un dato así y no lo podía creer. Y sí, busqué la grabación del evento para escucharlo yo mismo, esto fue lo que dijo: “Ya tenemos, básicamente, ubicados a algunos universos a los cuales estará destinada esta ley de amnistía... También tenemos, por supuesto, a jóvenes que por posesión de marihuana están ahorita privados de su libertad. Hemos calculado, más o menos, alrededor de 100 mil, tal vez un poco menos, de jóvenes que están privados de su libertad por razón de posesión de drogas. Estos jóvenes tenían un poco más del mínimo autorizado en nuestra legislación, y todos ellos están privados de su libertad.”
¿Dónde hay tanto joven privado de su libertad?, me pregunté. Y acudí a las fuentes oficiales para saber de este dato del que no había escuchado en todos estos años de guerra contra los usuarios de drogas.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, del INEGI (Presentado 27/10/17 y Actualizado 30/08/18), señala que: “Al cierre de 2016, 188,262 personas se encontraban recluidas en centros penitenciarios y 1,913 en centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes”; un total de 190,175 personas, de las cuales, también señala, solo el 4.5% estaba presa por narcomenudeo.
Esto significa que a finales del 2016 solo había 8, 558 personas presas por delitos de Narcomenudeo; delitos que también incluyen, además de la posesión -simple o con fines de comercio-, el comercio y el suministro, y, entre las drogas proscritas, además de la mariguana, la cocaína, el opio, la heroína, el LSD, el MDMA y las anfetaminas (Art. 479, LGS).
Entonces ¿de dónde saca la exministra que hay 100 mil jóvenes presos por posesión de mariguana? No se entiende, si alguien sabe que comparta la información.
No sólo no se entiende, sino que preocupa. Si bien compartimos la propuesta de que los jóvenes presos por delitos de narcomenudeo sean amnistiados, no compartimos que con base en datos improvisados que se planeen las futuras políticas de seguridad. Y preocupa también porque la idea de que los jóvenes llegan a prisión por posesión de mariguana suele ser utilizada, por parte de policías corruptos, para amedrentar y extorsionar a jóvenes -y sus familias- cuando son encontrados con un churro de mota.
Deseamos que la futura Secretaria de gobernación reconsidere lo dicho, y que el aparente cambio de paradigma no se convierta en una nueva criminalización contra los usuarios de mariguana, ya no como enfermos o delincuentes, sino ahora como “ex-convictos”. Deseamos que su equipo de trabajo le provea evidencia sólida sobre las problemáticas de los jóvenes usuarios de mariguana y sobre las posibilidades de cambios en la política de drogas que puedan garantizar los derechos de los usuarios.