El jueves pasado el Presidente de la República presentó y firmó una iniciativa sobre mariguana que después envío para su aprobación al poder legislativo. Con ello, el ejecutivo cierra el debate nacional sobre mariguana y se adelanta a los legisladores que han presentado o anunciado iniciativas sobre el mismo tema.

La Iniciativa Peña reconoce el poder medicinal de la mariguana, con lo que corta de tajo las falacias sobre la inutilidad médica de la mariguana y sobre efectos extremos como los señalados por autoridades de salud –tales como que el uso de mariguana convierte en zombies a quienes la usan. Por el contrario, antes que dañar a alguien, la evidencia científica muestra que la mariguana mejora la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Por lo que es de celebrar la posibilidad de que los científicos mexicanos puedan estudiar los beneficios de esta planta medicinal.

La Iniciativa también propone que la cannabis pueda ser usada medicinalmente por personas con padecimientos que no encuentran alivio con otros medicamentos, aunque hay poca claridad sobre los mecanismos por los que esta sería obtenida; ya que aunque se señaló que se podrá producir en el país, no se señaló si esta producción será en manos de las mismas personas –tal como ya había propuesto el PRD Jalisco-, si será en manos de una institución social –tal como sucede con la Fundación Daya en Chile- o si será en manos de empresas privadas con recursos financieros para cumplir decenas de costosos requisitos –tal como sucede en Colombia-.

El mecanismo de producción de mariguana medicinal es de gran importancia debido a que de este depende el acceso que puedan tener los pacientes que requieren esta medicina; y es que, dado el alto costo de los medicamentos que contienen componentes activos del cannabis, el cual vuelve inaccesible los tratamientos para el bolsillo mexicano promedio. ¿Qué tan costosos pueden ser los medicamentos? Tan costosos como que la sociedad norteamericana utiliza mayoritariamente las sumidades floridas y no los medicamentos con base en mariguana.

La iniciativa propone además “descriminalizar” a los consumidores de mariguana aumentando el gramaje establecido en la ley general de salud como cantidad tolerada para posesión personal, el cual pasaría de 5 a 28 gramos. Pero descriminalizar significa la eliminación de la conducta como delito, mientras que despenalizar refiere a disminuir la pena con que se castiga el delito (CDHDF, 2014), por lo que la Iniciativa Peña promueve despenalizar la posesión de mariguana, cuando es menor a 28 gramos, y no descriminalizar el consumo, ya que no está penalizado.

Sin embargo, pese a que los usuarios no son criminalizados por su consumo, sí lo son por las conductas consustanciales a este, tales como la posesión, el comercio y/o el cultivo. Y solo fuera despenalizada la posesión y no el comercio (comprar es parte de este) ni el cultivo, los usuarios continuarán siendo criminalizados por ejercer su derechos.

Sobre este punto hay que considerar el riesgo de mayor violencia por la disputa de los mercados de drogas. Y es que el aumento a 28 gramos puede facilitar el aumento de las ganancias de los traficantes, ya que el usuario podría comprar mayor cantidad y portarla sin ser legalmente castigado; especialmente entre los usuarios que compran cantidades pequeñas por ocasión para disminuir el riesgo de ser confundido como narcomenudista en caso de ser detenidos por policías. Y este aumento de ganancias en los mercados locales podría tener como consecuencia el ser disputados con mayor violencia, tal como ocurre actualmente en Acapulco o Ciudad de México.

No debemos perder de vista el robustecimiento de los mercados locales de drogas a partir de la Ley contra el narcomenudeo de 2009, la cual estableció umbrales de posesión tolerada pero no mecanismos de acceso seguro. Mercados cuyo control ahora se disputan de forma violenta, especialmente por fragmentos de grupos criminales descabezados que han encontrado en estos mercados, y las leyes que lo regulan, un nicho favorable para su desarrollo. Por lo que sí solo se eleva la cantidad de posesión sin instalar mecanismos de acceso seguro, la disputa violenta por el control de los mercados locales podría no solo continuar, sino aumentar.

El Presidente también mencionó una amnistía para quienes estén presos por cantidades menores a 28 gramos, lo que causa cierto extrañamiento y muchas dudas. Y es que los usuarios detenidos por consumo y/o en posesión de drogas suelen ser extorsionados –lo han sido 7 de cada 10 usuarios de drogas de la Ciudad de México (EUDI, 2012)- o llevados al ministerio público, donde en caso de haber sido encontrado en posesión de menos de 5 gramos (incluso un peso cercano) el mismo ministerio público solicita el no ejercicio de la acción penal, por lo que no es sentenciado por esta conducta.

En caso de que el usuario sea detenido en posesión de más de 5 gramos -y hasta 5000- se abre una averiguación previa por posesión de drogas en la modalidad de narcomenudeo, pero esta conducta es considerada delito no grave, razón por la que puede pagar una fianza y llevar el proceso judicial en libertad condicionada y no en prisión; habrá quienes no puedan pagar estas fianzas que van de 12 a 18 mil pesos -según datos recopilados, pero la mayoría lo hace aun y cuando pida prestado para ello; no olvidemos que se trata de delitos de mercado y no de pobreza, como sí lo son los cometidos por la mayoría de presos.

De hecho, esta posibilidad de pagar fianza en casos de posesión simple ha favorecido el crecimiento de los mercados locales, especialmente del segmento de la venta a domicilio, pues los narcomenudistas saben que aunque los capturen con más de 5 gramos de mariguana (o lo correspondiente para otras drogas ilícitas) podrían pagar una fianza, evitar la prisión y continuar comerciando. Esto sí antes no pagan una mordida.

Debido a esto es que extraña que la iniciativa señale una amnistía para los consumidores ¿cuántos consumidores -que no hayan cometido otros delitos- habrá presos por posesión? ¿Lo sabrá la presidencia? No dieron cifras.

Por último, resulta preocupante el desdén del Presidente (poder ejecutivo) por el fallo de la Suprema Corte de justicia (poder judicial), que señala como inconstitucional la prohibición del cultivo de mariguana para consumo personal por limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Un mensaje de que en este país los derechos son solo para algunos.