Aun cuando el tema del cannabis con fines médicos ha dejado de ser un tabú en nuestra sociedad, en la práctica lo sigue siendo para casi la totalidad de nuestra clase política.
A pesar de que nuestros legisladores discutieron y aprobaron el año pasado una legislación sobre cannabis medicinal, para nadie es un secreto que lo hicieron a regañadientes y obligados por la presión ciudadana, pero lo hicieron de modo tal, que fuera lo más restrictiva posible.
De este modo, la ley establece actualmente que aquellas personas que son susceptibles de ser tratadas con cannabis tienen derecho a éste, mediante prescripción médica. Para ello, establece que los pacientes que requieran adquirir medicamentos fabricados a base de cannabis podrán hacerlo con una receta común y corriente de cualquier médico, siempre y cuando el medicamento no supere el 1% de THC entre sus componentes; y mediante una receta controlada -como sucede con la morfina y otros medicamentos opiáceos- si es que el producto supera el límite de 1% de THC. Es decir, se reconoce el potencial médico del cannabis, pero se restringe su acceso para permitir únicamente productos de patente que, dicho sea de paso, no se producen en México, con lo que su costo resulta muy elevado -al menos para la mayoría de pacientes que podrían beneficiarse de ellos-, y al mismo tiempo, se niega la posibilidad de acceder a todos los componentes que tiene la planta en su forma natural.
A pesar de ello, la nueva legislación contempla la posibilidad del cultivo con fines médicos o de investigación. Sin embargo, falta de la reglamentación concreta de la ley -que deberá hacerse pública a más tardar en diciembre de este año- por lo que aún es imposible saber con precisión quién podrá cultivar con tales fines; aunque atendiendo a las disposiciones de ley, cualquier producto con fines médicos del cannabis deberá ser aprobado por la COFEPRIS, con lo que lo más probable es que el cultivo privado, aun con fines terapéuticos, siga siendo ilegal en México.
Es por ello que resulta no solo interesante, sino digno de elogio, el esfuerzo que está haciendo AMEM, Autocultivo Medicinal en México, para llamar la atención sobre esta deficiencia de la ley, que impide un verdadero acceso universal a todo el potencial terapéutico de la planta. Ésta asociación, formada exclusivamente por pacientes de cannabis medicinal, comenzó hace unos meses una campaña para pedir a COFEPRIS, de forma individual y razonada, permisos personales para el cultivo privado de la cannabis.
En su escrito, firmado individualmente, se hace alusión al derecho a la salud, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al cultivo de cannabis, para exigir el derecho al cultivo con fines terapéuticos. Hasta el momento en que se escribe este texto, más de 200 solicitudes han sido firmadas y entregadas a la COFEPRIS. Todas ellas esperan aún respuesta.
Desde luego no es posible pronosticar la suerte de tales solicitudes en este momento. pero resulta interesante imaginar la dificultad que tendrá COFEPRIS para darles trámite. Ya sea que se resuelva en forma positiva, o bien que se les niegue a los pacientes esta posibilidad, la autoridad tendrá que justificar su decisión, misma que, si se atiende en primer lugar al derecho a la salud, tendrá que ser positiva. De ser contraria a los peticionarios, estaremos ante la posibilidad de que el tema llegue a instancias más altas, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que sin duda constituiría un parteaguas para la regulación del cannabis en México.
En el fondo, lo que los peticionarios están haciendo es una labor social de gran valor para el país. Piden que, una vez que se les reconoció un derecho, éste sea posible de ejercer. Dado que el próximo año hay elecciones en el país, será interesante, igualmente, saber las posturas que los candidatos -y no solo a la presidencia- tendrán respecto de este tema.
México ya cambió en muchos sentidos con respecto al cannabis, al menos socialmente. Y si bien persiste el estigma, lo cierto es que la razón, y los derechos, están del lado de los pacientes y de las personas. Queda ver si nuestras autoridades, y los políticos que aspiran a serlo, están a la altura de las circunstancias. Algo que se ve difícil en este momento. Pero tal vez, aun cuando sea por puro oportunismo, algún candidato o candidata se atreve a dar un paso que a muchos da miedo, pero que para aquellos que necesitan el cannabis para mejorar su condición de salud y su calidad de vida, va mucho más allá de la política: se trata de su salud, y de los derechos de todos. Y a ellos nunca vamos a renunciar.