El Presidente Peña Nieto llegó a la Sesión Especial De la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) como Jefe de uno de los Estados convocantes a esta reunión adelantada (programada originalmente para el 2019) y cuyo objetivo es evaluar los resultados de la política de drogas. Pese a lo esperado, por ser presidente de un estado convocante, el presidente se limitó a dar el visto bueno a los tratados internacionales de droga.

El discurso leído en la ONU se dividió en 3 partes, un diagnóstico aleccionador, un decálogo de recomendaciones y un anuncio del futuro inmediato.

El diagnóstico comenzó con el reconocimiento del consenso sobre una reforma en la política de drogas y los problemas causados por la política actual, para después pasar a animar a la ONU a continuar la guerra contra las drogas, poniendo como ejemplo los resultados obtenidos durante su administración; entre ellos: la captura de capos, el acotamiento de la violencia a ciertas regiones del país y la disminución de la incidencia delictiva.

Resultados que pueden considerarse positivos cuando se comparan con los indicadores del gobierno anterior, pero que son catastróficos si se comparan con las metas propuestas en la UNGASS de 1998 –la anterior a la actual-; en aquel año, por ejemplo, ya se encontraban presos líderes de la delincuencia organizada como Joaquín Guzmán y Caro Quintero, y la violencia e incidencia delictiva no tenían las dimensiones que ahora en ninguna región del país, menos aún las violaciones a los derechos humanos.

Los resultados de México son aún peores cuando se comparan con cualquier otro país del mundo o la región, exceptuando quizás a Guatemala, El Salvador y Honduras; por lo que pareció tener cierta dosis de masoquismo la posición presentada ayer en el escenario internacional

La segunda parte del discurso se basó en un decálogo de recomendaciones para sostener el paradigma actual de la política de drogas; estas, sin embargo, se limitaron a lugares comunes en los debates de drogas: mejorar la articulación entre países consumidores y productores, la coordinación entre agencias de la ONU y/o países, atender el problema de las drogas desde la perspectiva de derechos humanos, atendiendo el “consumo” como un problema de salud, apoyar el desarrollo de las comunidades campesinas y atender los daños sociales del mercado, penar proporcionalmente lo diferentes delitos de drogas y establecer alternativas al encarcelamiento, así como asegurar el abastecimiento de medicinas esenciales.

La mayor parte de estas recomendaciones ya han sido aplicadas con resultados limitados, por lo que pareciera que la idea es “hacer lo mismo pero con más ganas”; las acciones conjuntas, por ejemplo, ya han sido utilizadas en entidades como Michoacán o Guerrero, e incluso en países como México o Colombia –a través de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia-, pero en ninguno de estos casos se han tenido resultados positivos por la supuesta coordinación internacional. Los discursos sobre derechos humanos, su inclusión como parte del artículo primero de la constitución y la promulgación de una ley general de víctimas de poco han servido a los miles de víctimas que las políticas de drogas producen cada año.

Basta con ver los ejemplos de casos como el de Tlatlaya y el de la mujer torturada por militares por supuestamente pertenecer a un grupo delictivo, para suponer lo difícil que es mantener un estándar mínimo de respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas, especialmente cuando la presión de dar resultado en una guerra contra otros mexicanos. Ante estos casos, las miles de extorsiones anuales a usuarios de drogas parecen poca cosa, pero no lo son.

La creación de oportunidades para las comunidades campesinas tampoco ha funcionado, ni siquiera en los países andinos donde se han invertido millones de dólares en políticas de sustitución de cultivos. Y ni qué decir de las penas alternativas, cuando estas se basan en las Cortes de drogas para obligar a los usuarios a recibir tratamiento contra su voluntad.

En fin, un decálogo que pareció un discurso de autoconvencimiento de que algún día funcionará lo que hasta hoy no ha funcionado.

La tercera parte del discurso refirió al anuncio del viraje en la política nacional de drogas. La regulación del acceso a la mariguana medicinal y la descriminalización de los consumidores.

Aquí hay que considerar que ni la prohibición del uso médico de la mariguana ni la criminalización de los usuarios están establecidos en los tratados, sino que ambas son políticas a cuenta propia del Estado mexicano. Por lo que hacer este anuncio en la ONU pareciera ser una palmada en la espalda a los tratados -y la guerra contra las drogas-, al reconocer que la mala interpretación de cómo aplicar los tratados. Una suerte de mea culpa de México “por la mala interpretación”. Por eso ahora propone el uso médico de la mariguana, lo cual no está prohibido por los tratados

Peor aún, como parte de su propuesta de viraje, propone continuar con la política de los umbrales de posesión, promulgada en los peores años de la guerra de Calderón; la cual ha servido para elevar el monto de la extorsión a usuarios y el número de violaciones a los derechos de los usuarios de drogas.

Pese a todo, el país tendrá que esperar a mañana para saber qué le depara en términos de política de drogas.

Sin embargo, dada la advertencia de continuidad en la política de drogas, a México solo le queda aguantar el desangramiento… con la esperanza de sobrevivir a la llegada de la siguiente Ungass.