Los Foros de la mariguana convocados por la Presidencia de la República han acaparado la atención de los medios durante este bimestre. A diferencia de los organizados por el Senado, fue mayor la variedad de participantes, incluso hubo participación de agrupaciones de usuarios que asistieron a dar su opinión y propuestas. Y además, los discursos de la autoridad organizadora de estos foros, el secretario de gobernación, sonaron asertivos a los oídos de los usuarios: “Se trata de pasar de la persecución de los usuarios, a la detención de los delincuentes que lucran con la salud”.
Sin embargo, del plato a la boca se cae el brownie y la Presidencia de la República optó por bajarse de la Sesión especial sobre drogas de la ONU (Ungass 2016), lo que evidencia la falta de voluntad política del gobierno federal para regular la producción y el acceso al cannabis. Por lo que difícilmente el poder ejecutivo emitirá algún decreto en la materia, cuando menos no en la dirección marcada por el fallo de la suprema corte de justicia de la nación del 4 de noviembre pasado.
Pese a todo, después de cientos de debates, empiezan a llover iniciativas. La mayor parte enfocadas en la mariguana medicinal, lo cual es correcto pero no suficiente para enmendar las leyes que prohíben el cultivo de cannabis para consumo personal, y que han sido señaladas como inconstitucionales.
Una de las iniciativas presentadas es la del senador Gil Zuarth, del partido acción nacional, la cual propone crear la Ley general de control del cannabis y realizar otras modificaciones a las leyes en la materia. Esta iniciativa se centra en el comercio del cannabis, para lo cual proponen un impuesto especial para los productos psicoactivos derivados de la planta y un instituto regulador de los productos.
Este impuesto no debería generar mayor problema para los usuarios si se considera que el precio que se paga cuando se es detenido por autoridades públicas es aún mayor, pero es ingenuo pensar en un instituto que regule la mariguana producida por el campesinado nacional –sí, proponen que la mariguana sea producida por los campesinos. Esta producción no cuenta con la calidad suficiente para el paladar de los usuarios promedio, menos aún la calidad requerida por los pacientes médicos.
La iniciativa, además, difícilmente será votada a favor en las cámaras legislativas debido a que viola los tratados internacionales en materia de droga, los cuales difícilmente serán confrontados por el gobierno de México, dado el poco interés mostrado.
Sin embargo, la iniciativa propone algunos cambios legislativos que a primera vista parecen beneficiar a los usuarios de cannabis, entre ellos la opción de organizarse en clubes de cannabis y el cultivo personal. Sin embargo, estos beneficios son limitados por los candados que se imponen.
En el caso de los clubes (nombrados como Cooperativas de producción) es incomprensible que se prohíba el consumo al interior de las instalaciones, aún si tuviesen terrazas; es como pensar que un club deportivo prohíba a sus socios hacer ejercicio en las instalaciones. En la práctica esto significa que los usuarios sean empujados a consumir en vía pública –no todos cuentan con espacios privados-, donde son presa fácil de autoridades corruptas; y que el uso, que actualmente no está prohibido, ahora quede prohibido en los espacios privados de los clubes.
En el caso del cultivo personal –pero también el asociado-, este se limita a 6 plantas, lo que dificulta la autosuficiencia de los usuarios y los continúa dejando a merced del mercado. La dificultad no radica sólo en el tiempo requerido para aprender a cultivar, sino principalmente para producir con 6 plantas la cantidad de gramos que consumen. Considerando que los usuarios habituales consumen entre 1 y 2 gramos de mariguana diariamente, se requiere un promedio de 45 gramos mensuales. Pero sí se cultivan variedades híbridas, que demoran menos de 4 meses en producir, podrían sembrarse 3 plantas cada 2 meses -para no rebasar el número de plantas permitido-, lo que significa que cada planta tendría que producir 30 gramos para alcanzar el promedio bimestral de 90 gramos. Una proeza, incluso para quienes llevan ya un tiempo cultivando con tecnología de vanguardia. La opción entonces es cultivar variedades sativas, pero éstas demoran en producir 12 meses o más y requieren espacio exterior suficiente para plantas que crecen como árboles, un obstáculo importante; especialmente en lo individual.
Un beneficio para los usuarios de cannabis sería la eliminación del umbral de posesión para mariguana establecido en la iniciativa. Esto significaría la anulación de la cantidad en posesión como evidencia para clasificar a los usuarios como narcomenudistas, lo cual es el principal motivo de extorsión policíaca en el país.
Sin embargo, la iniciativa mantiene umbrales para la persecución de la posesión simple de drogas, lo que no sólo implica la continuidad de políticas establecidas en el marco de la guerra contra las drogas –como la Ley contra el narcomenudeo-, sino que deja abierta la puerta a prácticas extorsivas basadas en la siembra de cantidades de droga mayores a las marcadas en la ley. Por lo que la eliminación del cannabis de las drogas toleradas inhibe la posibilidad de que los policías corruptos siembren mariguana a los usuarios, pero mantiene la opción de que siembren otras drogas, por lo las extorsiones a los usuarios continuarán, máxime sí se sabe que 2 de cada 3 usuarios de mariguana son poliusuarios. En este sentido, la única opción respetuosa de los derechos de los usuarios es eliminar la posesión simple (sin fines de comercio) del código penal.
Al contrario de los posibles beneficios, una omisión perjudicial para los usuarios es que la iniciativa mantiene vigente el concepto de farmacodependiente establecido por la Ley contra el narcomenudeo: “toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a algún narcótico”. Esto es grave, ya que, aunque se trata de una iniciativa envestida de un aura de cientificidad, no hay evidencia científica que respalde este concepto; el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, por ejemplo, establece la presencia de 3 signos o síntomas para diagnosticar abuso y 5 para diagnosticar dependencia, y no solo uno como marca la ley mexicana. Y aunque el manual califica de dependencia cuando existe el síndrome de abstinencia por sí solo, este síndrome es muy distinto de “algún signo o síntoma”. Aún peor para los usuarios, mantener este concepto consolida el entramado legal por el cual un usuario detenido (aun ilegalmente) sea presentado ante las autoridades judiciales como una “persona con consumo problemático” y, con ello, pueda ser obligado a recibir tratamiento –otra violación a sus derechos-.
De ahí que, aunque presentan la iniciativa como un beneficio para los usuarios de cannabis, esta iniciativa es poco clara en cuanto a los beneficios reales que puedan obtener los usuarios de drogas. Pareciera que la ansiedad de los políticos que apoyan esta ley por salir en la foto es tal, que omiten el cabal cumplimiento de los derechos de los usuarios de mariguana.
*****
La temporada de activismo llegó. El 20 de abril se esperan diversas manifestaciones en el país y el mundo para celebrar la fecha simbólica, mientras que el 7 de mayo más de 250 ciudades alrededor del mundo volverán a marchar durante el Día Mundial por la liberación de la mariguana.
En la Ciudad de México se realizará la XVI versión de esta marcha, la cual tiene programada como punto de reunión la Alameda Central, desde donde se marchara al Monumento a la Revolución mexicana. Sin embargo, también se esperan más marchas y manifestaciones en las ciudades del país.
¡Marchemos por la mariguana!
¡Marchemos por nuestros derechos psicoactivos!
¡Marchemos por el cultivo libre!