Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que los menores de edad no deben tener acceso a sustancias que puedan perjudicar su desarrollo. Sin embargo sí tienen acceso y un problema es que la política prohibicionista ha generado estereotipos y estigmas que entorpecen la prevención basada en información confiable y que propician su fracaso.

Así las cosas, la disponibilidad para niños y adolescentes ha aumentado, y en buena medida por la política de guerra contra las drogas, la cual no solo ha fracasado en el objetivo de que las drogas no lleguen a nuestros hijos, sino que ha empoderado a los dealers ante un Estado inefectivo para contenerlos. Dealers que, basados en el lucro, no dudan en comerciar drogas entre niños y jóvenes.

Prueba de este aumento es el consumo alguna vez en su vida de drogas ilegales, la cual aumentó, entre mentores de 12 a 17 años, de 2.9% a 6.2% de 2011 a 2016, según datos de la Encuesta sonbre Consumo de Drogas y Tabaco 2016. Las drogas más usadas por los menores son la mariguana (5.3%), la cocaína (1.1%) y los disolventes (1.3%).

Por otro lado, cuando se habla del consumo entre menores se los argumentos se han centrado en el potencial de dependencia que las drogas pueden ejercer en su cerebro; de ahí que la mayoría de las estrategias en materia de prevención sean encaminadas a la abstinencia total. Sin embargo, y sin afán de restar importancia a los aspectos fisiológicos, distintos estudios han mostrado que no es la droga sino los factores sociales los principales detonantes del consumo problemático; por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, en Estados Unidos, han señalado a la falta de atención parental y el poco involucramiento emocional de los tutores, particularmente en momentos vulnerables como la adolescencia, como factores relevantes en los casos de consumo problemático.

Los factores sociales son la base del exitoso caso de Islandia en la prevención del consumo entre jóvenes. Este país incrementó los fondos destinados a la oferta de actividades para adolescentes, como deportes, música, teatro y danza como medida para disminuir el uso de alcohol y tabaco, lo cual ayudó a diversificar las redes sociales de las que los jóvenes participaban. Hoy en día apenas el 5% de los jóvenes entre 14 y 16 años dice haber tomado alcohol durante el mes anterior y solamente un 3% dice fumar tabaco a diario.

Por último, la guerra contra las drogas también ha afectado a miles de niños que podrían verse beneficiados en caso de que hubiese un acceso seguro a la planta y sus derivados. Y a muchas familias que cultivan en la penumbra para mejorar la calidad de vida de sus enfermos, aún con los riesgos de que las descubran y sean tratadas como delictivas.

En este sentido, una política de drogas realmente preocupada por los derechos de la infancia debe incluir de forma importante en sus esfuerzos el fortalecimineto de las redes sociales de los jóvenes, las formales y las informales; así como un acceso seguro a la planta. Es con base en el tejido social y el respeto al derercho a la salud que debemos repensar la guerra contra las drogas, por los niños y por nuestro propio futuro. Solo así se podrá reducir el uso de drogas entre menores de edad.